Además Gerardo Morales amenazó con expropiar la sede de la UBA en Tilcara. La Facultad de Filosofía y Letras repudió enérgicamente las declaraciones del gobernador.
Legisladores que responden al Gobierno de Gerardo Morales aprobaron la creación de una comisión que investigará las denuncias de ataque a la Legislatura local con el objetivo de determinar «cómo fue orquestado» el presunto ataque, y si fue «financiado».
En el marco de la tercera sesión ordinaria de la Legislatura jujeña, el oficialismo también avanzó sancionar sobre tablas, en medio un clima acalorado, un proyecto que modifica artículo de la ley del código contravencional de la provincia, elevando el valor de la unidad de multa, que equivaldrá al «50% del salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha de imposición de la sanción».
La creación de la comisión investigadora, que sumó el apoyo de algunos legisladores del PJ, el oficialismo de Juntos por el Cambio (JxC) subrayó que avanzará en indagar sobre el «ataque» a la Legislatura local del pasado 20 de junio, en «cómo fue orquestado» y si fue «financiado».
«Es responsabilidad de todos los diputados trabajar en saber cómo fue sostenido, si la intención de desestabilizar a nuestro gobierno tiene responsables», expresó el diputado de la UCR Santigo Jubert.
El legislador Alberto Nasif, en línea similar, habló de un «ataque vil», en el que la policía «no reprimió» sino que se tuvo que «defender», tras criticar al titular del cuerpo legislativo, el vicegobernador Carlos Haquim, quien dijo que en la Legislatura solo hubo «rotura de vidrios y otros daños menores».
Reacciones
La oposición, en tanto, reprochó que no se haga foco en abordar las «causas de las protestas que aún continúan» y tampoco se apunte a investigar los «excesos en el accionar policial».
«Estaría bueno que hoy esté acá el fiscal -que investiga los hechos en la Legislatura- contándonos quiénes fueron los que dieron las órdenes de reprimir, qué pasó con la policía que tenía hondas y tiraban piedras a los manifestantes», señaló la diputada Mariela Ferreyra.
«Queremos saber también de quiénes eran los autos incendiados», agregó y mencionó el caso de una legisladora oficialista que se vio con su vehículo afectado, que se encontraba en la cochera de la Legislatura donde «hay cámaras y ya se podría haber identificado a los responsables».
«Qué bueno hubiera sido crear una comisión para abordar los reclamos del sector de estatales, de los pueblos originarios«, expuso, por otro lado, el diputado Luis Cabana, del Frente de Todos, al criticar la creación de una comisión para investigar solo el ataque a la Legislatura.
En tanto, advirtió sobre una «responsabilidad de todos» en «no actuar en tiempo y forma, y viendo lo que se venía a la luz de los hechos que acontecían con la Convención Constituyente, cuando la gente empezó a conocer lo que se planteaba».
Hacia el cierre del debate, Alejandro Snopek, de Juntos por Jujuy – Frente de Todos, volvió sobre la crítica de que vaya investigarse lo sucedido el 20 de junio como si fuera un «hecho aislado» y como si además «ya no existieran las protestas en Jujuy».
Snopek cuestionó que se argumenta que la necesidad de reforma estaba desde septiembre del año pasado, mientras «recién el 3 de junio entró el proyecto, pocos días antes de que se lo sancionara, y fue allí cuando el pueblo empezó recién mirar cuáles eran las cuestiones que se podían vulnerar respecto de sus derechos«.
«Cuál fue el apuro que llevó a que el 15 de junio se la resolviera sancionar de espaldas al pueblo», preguntó Snopek, y sostuvo: «Si llamáramos a una consulta popular, veríamos que la reforma cae».
Finalmente, se refirió al nivel de conflictividad por los cortes de ruta y dijo: «por supuesto que queremos que se transite libremente, pero entonces hay que poner el foco en cuáles son las causas que los motivan y trabajar en eso la Legislatura«, ello referido a hacer una convocatoria a los distintos sectores para escuchar sus planteos, por lo cual también bregó el diputado Rubén Rivarola, presidente del bloque del PJ.
Gerardo Morales amenazó con expropiar la sede de la UBA en Tilcara
Las protestas en Jujuy siguen vigentes. Y las respuestas violentas del gobernador también. Pasó una nueva Marcha de las Antorchas con el reclamo docente y Gerardo Morales continuó acrecentando la tensión social, política y también educativa, metiéndose con un actor de peso nacional: la Universidad de Buenos Aires.
Tras la conferencia de prensa de la semana pasada en la que el gobierno anunció multas y hasta penas de prisión a manifestantes, aceleraron los descuentos en los salarios a docentes que se pliegan a las medidas de fuerza. En ese contexto el candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta (criticado este por el candidato a vice de Patricia Bullrich, Luis Petri, que lo acusó de no poner orden en su provincia) sumó otro condimento: expropiar la sede de la UBA en Tilcara.
«Los de la Universidad de Buenos Aires que están acá en Tilcara, que hicimos trámites… yo ya hice una presentación a la UBA, si no me contestan vamos a expropiar… Esos son los que incentivan los cortes, no todos, la mayoría de los empleados son los que incentivan el corte en Tilcara. Sabemos quiénes son, tenemos la identificación… ponían las camionetas de la Universidad para llevar… Todos esos están cometiendo delitos, todos esos van a tener condena, todos esos van a tener problemas, porque le han hecho la vida imposible al pueblo jujeño. Esto no va a quedar así… Vamos a terminar de imponer el orden», aseguró Morales en declaraciones al Canal 7 de Jujuy.
Curiosamente, se enfrenta a un «aliado»: hoy la UBA es manejada por el radicalismo, liderado por Emiliano Benjamín Yacobitti, de estrecha relación con Martín Lousteau. El precandidato a jefe de gobierno porteño, por su parte, viene acercándose a Larreta en la campaña para las PASO enfrentado a Jorge Macri.
Desde la UBA reaccionaron y habló el decano de Filosofía (del cual depende la sede jujeña), Ricardo Manetti, la UBA pidió una reunión con Morales, y salieron a repudiar a Morales distintas facultades, como Sociales, Exactas y la Universidad de Jujuy (UnJu).
El comunicado de Filosofía de la UBA
La Facultad de Filosofía y Letras repudió «enérgicamente» las declaraciones del gobernador Gerardo Morales «propiciando amenazas persecutorias en contra» de las trabajadoras y los trabajadores.
En el comunicado emitido este miércoles sostienen:
Las acciones de los trabajadores y trabajadoras del Centro Universitario Tilcara señaladas por Morales promueven la misión social de nuestra Universidad, descrita en el título 3 del estatuto universitario, y en particular en su artículo 76, que establece que nuestra Universidad debe estimular «todas aquellas actividades que contribuyan sustancialmente al mejoramiento social del país, al afianzamiento de las instituciones democráticas y, a través de ello, a la afirmación del derecho y la justicia».
Entendemos además, que las palabras esgrimidas por el señor gobernador respecto a una posible expropiación de las instalaciones del CUT atentan contra el principio de autonomía universitaria conquistado por la reforma de 1918, el cual se encuentra amparado en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional.
A 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, consideramos que es deber de nuestra Universidad y del Gobierno Provincial de Jujuy promover el respeto por la libertad de expresión y los derechos humanos de la sociedad en general y de sus trabajadores en particular.
«Antidemocráticas»
El Sindicado de docentes de la UBA (FEDUBA – CONADU) también rechazó las declaraciones de Morales. Las tildó de «violentas y antidemocráticas». Gabriela Gresores, cuarta vocal de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, anunció en la conferencia de prensa de la Multisectoral jujeña que, a pesar de las amenazas del gobernador, las y los educadores se plegarán al paro de 24 horas anunciado por todas las fuerzas sindicales jujeñas para este jueves.
A las y los docentes jujeños del nivel inicial y primario ya les descontaron haberes de junio y, según denuncian, aún hoy se desconoce el criterio que utilizó el Ministerio de Educación de la provincia para hacer estas quitas.
La Asociación de Educadores de la Provincia (ADEP), gremio que nuclea a la docencia de esos dos niveles, pidió explicaciones al gobierno jujeño. Al no tener respuestas, ADEP anunció que harán una presentación judicial para que les devuelvan los porcentajes descontados.
El Centro Universitario de Tilcara
La sede de la UBA de Tilcara apunta a estudios focalizados en el patrimonio cultural y antropológico de la región. Tienen el Museo Arqueológico y Antropológico “Dr. Eduardo Casanova”, el Laboratorio Arqueológico, Reserva Arqueológica, el Instituto Interdisciplinario Tilcara (IIT), Maestrías en Antropología Social y en Educación, Programa de Seminarios de Doctorado, Residencia Universitaria, un Observatorio de Conflictos Socioambientales de Quebrada y Puna de Jujuy (Obuvi-Filo), cursos de Trabajo y Producción, el Proyecto «Producción Social de Barbijos Antivirales», y cursos de Extensión como Saberes Ancestrales y Conocimiento arqueológicos del departamento de Tilcara y «Una introducción a la agricultura en los Andes».
El Obuvi-Filo justamente transmitió la conferencia de prensa convocada días atrás por Andhes, (Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), en San Salvador, «con el fin de dar a conocer la situación que se vive en Jujuy con relación a las protestas sociales contra la reforma constitucional provincial sancionada sin consulta por el gobierno de Gerardo Morales«.
Abogades y representantes de los pueblos originarios y de organismos de derechos humanos de Jujuy expresaron su «profunda preocupación por el incremento en la represión de las comunidades indígenas en lucha, la criminalización de sus referentes y la persecución bajo amenazas, allanamientos y detenciones arbitrarias de quienes manifiestan su oposición a la reforma constitucional«.
Denunciaron la paralización de los recursos legales que presentan tanto en la justicia federal como en la ordinaria, «los que al ser demorados hacen perder efectividad y sentido de protección de los derechos de las personas y las comunidades avasalladas».
Integrantes de comunidades originarias reclamaron que “se escuche al pueblo” que es quien se está manifestando en la protesta contra la reforma constitucional, y exigieron su nulidad por ser inconstitucional respecto de las garantías de la Constitución Nacional. Señalaron que la iniciativa de Morales habilita y persigue “el saqueo de los recursos provinciales, la biodiversidad, la genética, y trae como consecuencia daños irreversibles para la madre tierra”.
Y apuntaron que no se realizó en su momento la consulta correspondiente a las 400 comunidades indígenas de Jujuy y se reclamó «la vigencia del Estado de Derecho en Jujuy como parte de la República Argentina, apelando al artículo 36 de la Constitución Nacional para definir que tal reforma inconsulta representa un “acto de fuerza” contra la misma y, por tanto, debe ser denunciada y resistida».
Desde el Observatorio remarcaron que se describió a la reforma como “racista” y “colonial” y del mismo modo a la represión gubernamental que intenta quebrar la resistencia del pueblo jujeño. La conferencia de prensa se cerró con la pregunta “¿cuáles son los cuerpos que reciben las balas?”, para responder, “marrones, en las zonas urbanas o en las rurales.”
Sin embargo, a pesar de este antecedente, el principal cruce de Morales con el Centro Universitario de Tilcara viene por otro tema, que ya emergió en enero de este año.
La polémica por el sitio Pucará
La amenaza de expropiar la sede universitaria de Tilcara tiene el antecedente de hace 7 meses, cuando desde el oficialismo jujeño abogaron por manejar ellos mismos el sitio Pucará de Tilcara.
Primero fue el presidente de la Coalición Cívica ARI en Jujuy, José María Albizo Cazón, que dijo a la prensa “que el Pucará pertenezca a la UBA es una ofensa a Jujuy”. Y entonces en ese momento Morales habló de iniciar acciones para su restitución.
El Pucará de Tilcara es uno de los numerosos poblados prehispánicos que se distribuyen a lo largo de la Quebrada de Humahuaca. Se encuentra emplazado sobre un cerro de 80 metros de altura ubicado en la margen izquierda del Río Grande.
Este sitio fue ocupado entre fines del siglo XI d.C. «y el momento de contacto hispano–indígena (siglo XVI d.C.), presenta una gran concentración de estructuras arqueológicas. Estas estructuras, de las cuales principalmente se visualizan solo los muros y cimientos, son parte de las antiguas viviendas, talleres, plazas, tumbas y espacios ceremoniales, que habitaron los pobladores del Pucará», explican desde la UBA.
El Fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Ángel Rivas, afirmó a Somos Jujuy que “en el mes de septiembre de 2022, el propio gobernador Gerardo Morales, en representación del Pueblo de Jujuy, requirió formalmente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la restitución del Pucará de Tilcara con el museo y demás áreas de valor arqueológico, histórico y cultural, que fueran expropiados por la Provincia de Jujuy y donados a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, permitiendo que preservara ese patrimonio arqueológico, histórico y cultural tan rico para la Provincia”. Según Rivas, el plan de acción “se inició con una petición formal al decanato y autoridades de la universidad, para resolución directa y urgente, por las autoridades universitaria”.
Pucará de Tilcara fue entregado en donación por ley provincial N° 1903 en 1948 “con destino a la reconstrucción del mismo y habilitación de un museo”. El Centro Universitario realiza visitas guiadas a este «espacio de gran valor arqueológico, histórico y ritual para pensar el pasado y el presente de la Quebrada». Lo que se desconoce es la intención de Morales en el sitio. Si sumarlo al perfil turístico extranjero, o avanzar en la explotación de recursos naturales en la región.
El cuidado del patrimonio deja dudas, teniendo en cuenta que en otro sitio de gran importancia, como el de la localidad de Caspalá, Jujuy, a 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar, que hace dos años fue reconocida por la Organización Mundial del Turismo (OMT) de la ONU como uno de los mejores poblados para visitar del mundo, sufrió la intervención de la gobernación. Los intereses políticos y económicos que rodean la gestión de sus tierras se hicieron visibles durante los últimos meses.
La Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá denunció este 23 de enero al gobierno de Jujuy por saqueo arqueológico. En noviembre pasado, Morales militarizó la localidad con más de 50 efectivos -en un poblado de alrededor de 300 personas- y comenzó a arrasar con topadoras y retroexcavadoras las tierras de la familia Cruz Moyoja y las de la canchita del pueblo, expropiadas en tiempo récord.