Comenzaron el 5 de junio y se sumaron de manera transversal las comunidades originarias, sindicatos y organismos de derechos humanos.
El rápido tratamiento y aprobación de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, entre protestas multitudinarias, implicó en su proceso reiterados hechos de represión, allanamientos controvertidos, el armado de causas y detenciones cuestionadas por colectivos de derechos humanos, advirtieron abogados y defensores de manifestantes, al cumplirse un mes del inicio de las protestas.
Encabezadas por los gremios docentes y estatales, las movilizaciones comenzaron el 5 de junio pasado en demanda de recomposición salarial para ambos sectores, pero casi de inmediato derivaron en rechazos al texto normativo de la nueva Constitución, cuya aprobación motivó el repudio absoluto de diversos sectores de la sociedad.
En un contexto de tensión permanente, los cuestionamientos fueron alcanzando de manera transversal a comunidades indígenas, sindicatos y organismos de derechos humanos, entre ellos Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Hijos-Jujuy y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en DDHH y estudios sociales (Andhes).
Estas entidades, junto a otras instituciones de la sociedad civil, denunciaron la vulneración de sus derechos producidas por las modificaciones en los artículos de la Carta Magna provincial.
Una nueva marcha se llevó a cabo en las calles de la capital provincial con el objetivo de conseguir la aclamada “declaración de inconstitucionalidad” o la “anulación” de la reforma constitucional que ya rige en este territorio.