El avance de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura generó cuestionamientos y debates desde distintos ámbitos.
Con un apuro y preocupación que no tuvo en revisar las prisiones preventivas masivas del macrismo, las causas armadas y los casos de violaciones a los derechos humanos (en especial si incluye al poder económico), la Corte Suprema puso a su presidente, Horacio Rosatti, a conducir el Consejo de la Magistratura y anunció que el organismo deberá comenzar a funcionar con una estructura de 20 integrantes, propia de una ley de 1997 que fue derogada, y pese a que no están designados todos los miembros para completarla.
El tribunal firmó una resolución que ratifica su decisión de diciembre último de declarar inconstitucional la conformación que el organismo tenía desde hace 15 años porque se venció el plazo de 120 días que había establecido para que el Congreso sancionara una nueva ley. Fue un acto de intromisión sin precedentes sobre otro poder y casi una burla teniendo en cuenta que el propio tribunal tuvo el expediente cajoneado durante seis años.
También declaró nulo todo lo actuado por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien había ordenado que las presidencias de las cámaras de Diputados y Senadores se abstuvieran de nombrar dos consejeros/as por la segunda minoría y lo denunciaron ante el propio Consejo, presidido por Rosatti. El combo de resoluciones consolida una crisis institucional.
El fallo supremo de diciembre decía que si para el 15 de abril el Congreso no aprobaba una nueva ley que dotara de «equilibrio» al Consejo –que según la Corte tenía una sobre representación política– entonces entraría en vigencia la vieja estructura de 20 integrantes, que incluía al presidente supremo como titular del organismo (de lo contrario los actos serían nulos). Como él ya se nombró a sí mismo, haría falta nombrar seis consejeros/as más.
La Corte también cambia el quorum
La decisión firmada este lunes busca dejar en claro el desembarco de Rosatti en el cuerpo que elige y sanciona jueces además de manejar el presupuesto judicial, pero hace una llamativa rectificación o corrección de su propio fallo. En diciembre, la Corte dijo que «los nuevos miembros» iniciarían su mandato «de manera conjunta y simultánea». Eso no es posible porque no hay representantes legislativos designados. Entonces, señaló, se les tomará juramento a quienes estén designados y el Consejo, dicen los supremos, podrá sesionar con un quórum de 12 integrantes.
La abogada Graciana Peñafort advirtió que «la Corte no sólo se puso a legislar cuando restableció una ley derogada sino que vuelve a hacerlo modificando el quórum de aquella norma que era de 13 consejeros».
Esta es la explicación que da la Corte sobre por qué cambió: «La asunción conjunta y simultánea de todos los nuevos miembros estaba prevista para la hipótesis de que la designación de tales consejeros ocurriese de manera escalonada antes del vencimiento del plazo señalado o de la sanción de una nueva ley, y operaba como un reaseguro para evitar que alguno o algunos de ellos se incorporaran al cuerpo antes que otros y, de ese modo, se pudiese generar —eventualmente y en ese ínterin— un nuevo desequilibrio en su composición. Una vez vencido aquel plazo, resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos –cualquiera fuera el motivo– pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional». Bajo esa óptica, se conformará un Consejo con un desequilibrio de arranque, sólo porque se vencía el plazo.
«Corresponde que el órgano continúe funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por esta Corte en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada», afirma la resolución firmada por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no firmó, en teoría y según explicaciones cortesanas, porque está de licencia. Lorenzetti planteó una fuerte discrepancia en la sentencia de diciembre: si bien estuvo de acuerdo con la necesidad de una nueva ley, objetó la reposición de otra derogada y el plazo al Congreso. En la teoría de este juez, bastaba con la exhortación y lo demás era extralimitarse.
Cuestionamientos y debates desde distintos ámbitos
El ministro de Justicia, Martín Soria, el titular del bloque oficialista Germán Martínez, y el senador Oscar Parrilli salieron a criticar la movida judicial. Soria posteó las tapas de Clarín y Nación y sostuvo: “Rosatti pretende asumir el Consejo de la Magistratura: sí, el mismo que Macri designó a dedo; que se auto votó para presidir la Corte y que dictó el fallo que lo puso a la cabeza del órgano que designa y remueve jueces. Abro hilo con hechos que se ocultan, pero son reveladores”.
En tanto, Martínez posteó en su Facebook para reclamar “tiempo para legislar” y llamó a analizar “alternativas existentes para encauzar el debate sobre el Consejo de la Magistratura”. “Este lunes, la Corte Suprema de Justicia (de ahora en más CSJ) puede tomar decisiones gravísimas para la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones”.
Al expresar estas palabras no estamos “embistiendo” ni realizando una “ofensiva” contra nadie. Al contrario: estamos advirtiendo y alertando sobre la gravedad institucional del escenario que se puede configurar hoy en la justicia argentina. Lo hacemos respetando la Constitución y las leyes vigentes. Y lo hacemos convencidos de que aún hay una salida posible”, convocó el diputado.
“En ese fallo, la Corte anunciaba que estaba dispuesta a asumir facultades legislativas. Los únicos que pueden dictar leyes son los y las diputados y senadores. El Poder Ejecutivo cuenta con la herramienta constitucional de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Pero la Justicia no puede legislar. Las autoridades del Senado y de Diputados tienen que cumplir el fallo de la Justicia Federal de Paraná que está claramente vigente. Tal es así que dirigentes opositores evalúan solicitar un “per saltum” a la Corte. No hay ninguna contradicción entre el fallo de la justicia de Paraná con el fallo de la Corte. Lo único que se pide es agotar el trámite parlamentario, contando con el tiempo suficiente”, sostuvo.
“Sobre ese nuevo plazo, la Cámara de Diputados podría ir consensuando una metodología de tratamiento de la media sanción del Senado. Y todo se podría ir encauzando. Ciertamente, la totalidad de los diputados y senadores, sin distinción de espacio político de pertenencia, deberíamos estar pidiendo lo mismo: tiempo para legislar. Para eso fueron (y fuimos) elegidos”, pidió.
En tanto, el Senador nacional Oscar Parrilli se refirió a la situación de la Consejo de la Magistratura y señaló que “Rosatti está asaltando el Consejo de la Magistratura estilo Rambo. Es un claro golpe institucional”.
En diálogo con El Destape Radio, el legislador señaló que “esto me recuerda a la acordada de 1930 cuando el Gobierno convalida lo actuado por el Gobierno de facto, legitimaron el Golpe a Yrigoyen”.
Para el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni todo lo sucedido «es preocupante, refleja un deterioro institucional grave, no sólo de la democracia sino de la república». A su entender todo lo que decidió el tribunal «afecta la independencia interna del Poder Judicial, le están diciendo al Poder Judicial que se debe alinear». «Ameritaría la remoción (de los supremos) por juicio político», dijo en la noche del lunes en C5N.
¿Quién es Horacio Rosatti, el presidente de la Corte Suprema?
Como ya es conocido, la Corte puso un plazo y dijo que si el Congreso no vota una nueva norma para integrar el Consejo en forma “equilibrada” se repone una ley derogada que establece un esquema de 20 integrantes, donde el propio presidente Horacio Rosatti es el presidente del Consejo.
Hoy la oposición política quiere desesperadamente volver a ese Consejo, porque aspira a tener un poco más representación y porque suponen que proteger a la Corte les dará protección en las causas judiciales contra Mauricio Macri y amigues que tarde o temprano allí llegarán, sin contar las que ya están como el reclamo sobre coparticipación de Horacio Rodríguez Larreta. En caso de votar una nueva ley tanto el radicalismo como el PRO y otros sectores pugnan por tener a la Corte adentro.
La lógica de Rosatti tiene algunas similitudes con la que aplicó años atrás Ricardo Lorenzetti como presidente: buscar asegurar el apoyo de la corporación para sostenerse en el poder, lo que implica perpetrar su cultura y su lógica, seguramente la más conservadora de todos los poderes del Estado. Cada uno lo hace a su manera. En el caso de Rosatti, algo extraño es que ha sido defensor de los jurados populares, donde la ciudadanía decide.
Volver a meter a la Corte en el Consejo, además de dar protagonismo a la familia judicial, manejar nombramientos y mucho dinero, implica reafirmar la cultura de la casta, salvo que nos den alguna sorpresa, todavía no sabemos. Esa tríada que tiene como estrellas al Poder Judicial, a la política y a los medios, brilló en la mañana de este lunes en las tapas de diarios y los principales titulares de los portales, que hablan de una “ofensiva” del gobierno o de una “resistencia” y palabras por el estilo.
La batalla entre el Gobierno y una Corte que se le ha posicionado claramente en la vereda contraria sin compartir mínimas políticas de Estado, es obvia y no es de ahora. La Corte, reducida a cuatro señores supremos (ninguna mujer) es todavía el resabio de lo que dejó Macri y el gobierno actual no ha avanzado en lograr una reforma. Habría que ver mejor a quién adjudicarle las palabritas “ofensiva”, “resistencia”, “ataque” y otros sinónimos.
Una vez más la Corte se posiciona por encima de todos y todas, busca encabezar las acciones políticas, teje alianzas con el poder real y su guía no parece ser más que su propio interés, bajo reglas endogámicas, de acopio de poder.