Ante la deserción nacional, el Gobierno Bonaerense busca fortalecer lazos comunitarios, evitar el punitivismo y generar espacios de escucha.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires llevó adelante un encuentro de trabajo interministerial para abordar los episodios de amenazas, mensajes intimidatorios y situaciones de violencia en las escuelas. La reunión fue encabezada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, junto a sus pares de Gobierno, Carlos Bianco; de Seguridad, Javier Alonso; y a la directora general de Cultura y Educación (DGCyE), Flavia Terigi.
La actividad se realizó en la sede del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en el marco de la Comisión Interministerial para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño, convocada por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), con la presencia de su directora ejecutiva Andrea Cáceres, y representantes de distintas áreas del gobierno provincial.
El encuentro forma parte de la estrategia de abordaje integral y multidisciplinario que lleva adelante la gestión del gobernador Axel Kicillof para atender la problemática.
En esa línea, Larroque destacó la necesidad de una respuesta articulada: “Ante un fenómeno novedoso y desconocido que se da a nivel mundial, y particularmente en la Argentina con el flagelo de un modelo liberal, el deber de la Provincia es tratar de cuidar aquel lugar de contención y desarrollo natural de niños, niñas, adolescentes y familias». “Sabemos que la salida a esta situación no es con la deserción del Estado como promueve Milei, sino acompañando a los jóvenes, a sus familias y fortaleciendo los lazos comunitarios en los territorios”, subrayó el ministro.
Bianco, por su parte, resaltó que esta serie de episodios “tienen que ver con un clima de época, producto de la deserción del Estado nacional de sus obligaciones” y alertó que los jóvenes “son probablemente una de las poblaciones más afectadas por la situación social y la falta de perspectiva a futuro”. En ese marco, destacó las políticas provinciales destinadas a las juventudes y mencionó el trabajo en problemáticas asociadas como la ludopatía adolescente.
Teriggi, en tanto, remarcó la importancia de evitar respuestas simplistas: “Es necesario hacer una reflexión sobre estos comportamientos que eluda a la tentación fácil del punitivismo”. Además, remarcó que ante las amenazas de tiroteos en las escuelas, “hubo una advertencia temprana por parte del Ministro de Seguridad, que permitió alertar rápidamente a los inspectores e inspectoras distritales en toda la Provincia y acercar pautas claras” a las instituciones.
Alonso por su parte, aseguró: “Tenemos que comprender que se trata de fenómenos absolutamente diferentes, que se dan en un contexto de una comunidad educativa que tiene más de cinco millones doscientos mil estudiantes”. Asimismo, detalló que “están siendo estudiados unos 60 casos que llegaron a ser identificados”, con intervención de las áreas educativas y de salud mental.
Finalmente, la directora ejecutiva del OPNyA, advirtió sobre el marco en el que se desarrollan estos hechos: “El fenómeno se da en un contexto hostil, en donde los discursos de odio son promulgados y resaltados desde el gobierno nacional, en vez de proteger a las niñeces y adolescencias o de proyectar acciones políticas como ocurre en la Provincia”. Afirmó que los niños y niñas “están atravesando una situación muy compleja, de mucha soledad» y que «es responsabilidad del Estado generar espacios de escucha y potenciar ámbitos de encuentro”.
Del acto participaron también la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias del Ministerio de Salud, Julieta Calmels; el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lisandro Pellegrini; la subsecretaria de Educación de la DGCyE, Claudia Bracchi; la subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos del OPNyA, Agustina Iafolla; y la titular del Observatorio Social del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niñeces y Adolescencias, Karina Nazabal.
Asimismo, formaron parte representantes de los ministerios de Trabajo y de Mujeres y Diversidad, junto a actores gremiales del ámbito educativo.