La Inspección General de Justicia definió a la compañía Dakota como una «sociedad simulada» y pidió la declaración de nulidad por parte de un tribunal.
La Inspección General de Justicia (IGJ) impulsó la intervención judicial y la declaración de “nulidad” de la empresa Dakota S.A., concesionaria de servicio de grúa para remoción de vehículos de la vía pública y estacionamientos porteños y mencionada en supuestos hechos de corrupción en una filtración de chats con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
La IGJ resolvió “promover acción judicial de nulidad de la entidad mercantil Dakota S.A. atento los graves y reiterados incumplimientos incurridos ”, entre ellos la falta de presentación de estados contables y el supuesto cese de sus operaciones en setiembre de 2022.
Dakota es la empresa cuyo referente es el empresario Marcelo Violante, quien apareció en los chats gestionando contrataciones con la Ciudad de Buenos Aires supuestamente a través de sus contactos con D’Alessandro.
A través de la presentación ante la Justicia de una «acción de nulidad por simulación«, acompañada por un informe de 78 páginas firmado por el subinspector Manuel Cuiñas Rodríguez, la IGJ inició el pedido de disolución de la firma, amparándose en el Artículo N° 19 de la Ley de Sociedad Comerciales, que prevé la disolución «cuando la sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas«. La inspección comenzó la investigación en enero, luego de que se difundieran chats entre Violante y D’alessandro, el ministro de Seguridad en uso de licencia. Para esa fecha, la empresa adeudaba la presentación de estados contables de 2018, 2019, 2020 y 2021, y no había pagado las tasas de todo ese período.
«Hicimos una investigación a fondo sobre Dakota. Es una sociedad fraudulenta que encubre a personas que no son los verdaderos socios«, dijo a este diario Nissen tras la presentación de la acción. Según la reconstrucción de la IGJ, la historia de los actuales responsables de Dakota se inicia, al menos de forma oficial, en 1996, año en que el empresario Reinaldo Niella Varesini se hizo de la firma pero sin poner su nombre en la sociedad. Ana Elizabeth de Bruyn, su esposa, quedó como accionista mayoritaria, y Marcelo Violante, su sobrino, como otro de los accionistas y presidente del directorio, según la investigación de la Inspección.
El contrato original de acarreo se había firmado ya en 1990, con Carlos Grosso como intendente, y desde 2001 la empresa operó con prórrogas del contrato vencido. Desde 2014, en tanto, el canon quedó congelado en el irrisorio monto de 55 mil pesos. Para Nissen, luego de que Niella Varesini falleciera en 2020, y teniendo en cuenta que De Bruyn, todavía accionista mayoritaria, tiene 94 años, está sorda y tiene una cuidadora que le lee los labios para poder comunicarse, «no hay dudas» de que Violante es el «dueño» de Dakota. Además, la IGJ constató que Violante fue uno de los mayores beneficiados por la cuantiosa herencia de su tío.
En cuanto a la auditoría técnica, la IGJ también encontró irregularidades en los balances y los estados contables. «La contabilidad y los libros son absolutamente falsos. Hubo ejercicios con más pérdidas millonarias que ganancias, pero si daba pérdida, ¿cómo hacían para no caer en disolución por pérdida de capital? Muy simple: revaluaban permanentemente el activo. Hacían revalúos técnicos, pero en esa materia la IGJ tiene la última palabra, no se pueden revaluar los bienes sin requerir un procedimiento a cargo de peritos y la autorización final de la IGJ. Ellos no hacían eso y sin embargo incorporaban el revalúo al balance, y así la sociedad no caía nunca en disolución«, precisó el titular de la Inspección.
Para la IGJ, además de los revalúos sin autorización, resulta particularmente llamativo que una empresa a cargo de una mina de oro como la concesión del acarreo y del estacionamiento medido, pudiera tener pérdidas millonarias. En el informe se destaca que desde 2014, cuando el canon quedó congelado en 55 mil pesos, hasta 2022, la empresa pasó de cobrar 350 pesos por auto secuestrado a 6.525.
Otro dato llamativo que encontró la IGJ refiere a una deuda millonaria en dólares pagada por la empresa en los últimos años. De Bruyn, tras el fallecimiento de su esposo, aparece donando un «aporte irrevocable» a la sociedad para pagar una deuda de 1.874.072 dólares a un banco extranjero. «¿Para qué necesitaban un crédito tan grande si de la empresa salían 55 mil pesos y entraba un fangote de recaudación», se preguntó Nissen. La IGJ citó a De Bruyn a una audiencia para dar explicaciones por el «aporte irrevocable», pero la mujer no se presentó.
El 6 de enero de este año, en tanto, representantes de la IGJ se acercaron al lugar físico en el que, en teoría, funciona Dakota, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. No encontraron a ningún responsable del lugar sino un cartel que «indicaba el número a llamar para comunicarse con los distintos sectores de la empresa». «Entre las opciones no se encontraba identificación de los responsables«, dejaron asentado los inspectores en el acta de procedimiento.
Mientras la IGJ investigaba las irregularidades en las operaciones de Dakota, el gobierno porteño prorrogaba el inicio de una nueva licitación para adjudicar el servicio de acarreo. El contrato con Dakota y con BRD –la otra empresa que operaba el sistema– fue dado de baja en septiembre por el Ejecutivo, acorralado por la presión que la oposición ejerció en la Legislatura para revocar las concesiones. En ese entonces, con el sorpresivo apoyo de la Coalición Cívica, el denominado «frente antigrúas» logró juntar los votos para derogar los contratos por vía legislativa. Ante esa posible derrota, el GCBA tomó la decisión por su cuenta y se hizo cargo del servicio a través de AUSA. El inicio de una nueva licitación fue prorrogado en cinco ocasiones desde septiembre y la apertura de sobres se concretó recién esta semana.