Las organizaciones preparan una propuesta de decreto de indulto para presentarle al Presidente. «Cómo no vamos a exigir, no pedir, exigir el indulto y la libertad de Milagro», «No sólo es legal, sino necesario».
La conferencia de prensa fue convocada para las diez de la mañana en la sede de ATE Capital, contará además con la presencia de referentes sociales, políticos y de la cultura.
Se cumplen siete años de la detención arbitraria y política de la dirigente social jujeña, Milagro Sala, quien le reportaje a Página12, dijo que espera que el presidente Alberto Fernández «tenga la valentía de decidir su libertad».
Los organismos de derechos humanos hoy darán una conferencia de prensa en ATE Capital para insistir con el pedido. Más allá de eso, en la reunión que los organismos tuvieron la última semana de diciembre con el Presidente en Casa Rosada, Fernández le pidió a los abogados del grupo que le presenten ideas sobre cómo podría él intervenir en el asunto, por más que se trate de una cuestión provincial –AF dice que no puede indultarla por ese motivo–.
Según comentaron a este diario algunos participantes de la reunión, durante todos estos días un equipo jurídico de primer nivel trabajó en el tema y recabó información para ofrecerle a Fernández algunas opciones posibles y que, de ese modo, el mandatario pueda indultarla. La idea de ellos es poder reunirse con el Jefe de Estado esta semana y presentarle los resultados. Más allá de los argumentos, la definición de indultarla o no «será una decisión política que está solo en sus manos», aclaran.
Los organismos de derechos humanos tienen una postura definida: “Siempre vamos a salir a demostrar abiertamente a la sociedad nuestra indignación por la prisión de Milagro. Si el Presidente puede indultarla -él dice que no puede, yo no soy abogada, no lo sé-, pero si hay alguna salida lo instamos a que la tome, con tal que esta mujer, esta querida amiga, esta patriota, recupere la libertad”, dijo Estela Carlotto.
«Cómo no vamos a exigir, no pedir, exigir el indulto y la libertad para Milagro», dijo Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Otros referentes pusieron en el centro de la argumentación la obligación del Estado nacional de proteger a los ciudadanos de persecuciones armadas, frente a la que los acusados quedan sin garantías de una defensa justa, ya que su objetivo real no es hacer justicia sino aplicar un castigo ejemplificador.
Los argumentos jurídicos
El grupo de abogados que trabajaron en la propuesta, argumentarían a Fernández, entre otras cosas, que el sistema internacional de derechos humanos y particularmente el Tratado de San José de Costa Rica, que es la Convención Interamericana de DDHH, establece que las vulneraciones y violaciones cometidas en un estado provincial obligan al estado nacional a tomar las medidas reparatorias correspondientes. Es decir, ellos explican que tanto las Naciones Unidas como la OEA interpelan al Estado Nacional y no a los estados provinciales. Por eso mismo considerarían que es el Estado Nacional uno de los corresponsables de lo que ocurrió y ocurre en la provincia de Jujuy.
«Los tratados tienen rango constitucional», aclaran y además resaltan que se trata de «un problema humanitario gravísimo» que necesita la intervención política del Presidente porque la salud de Milagro Sala se ha complicado en el último tiempo. «Hay que hacer una interpretación en favor del menos favorecido y de la persona que está sufriendo», expresó una integrante de los organismos de derechos humanos. Lo que los abogados presentarían a Fernández es «una propuesta de decreto». Sin embargo, especifican que no quieren adelantar detalles hasta encontrarse con el Presidente y poder transmitírselo a él. «Quisimos colaborar para alcanzar, más temprano que tarde, la libertad de Milagro, el modo después lo verá bien el Presidente», explicaron abogados que estuvieron trabajando en el tema.
En una carta que presentó el Comité para la Libertad de Milagro la semana pasada, explicaron que «lo que estamos pidiendo en este momento lxs ciudadanxs es que la autoridad presidencial defienda a su sociedad de la discrecionalidad, la injusticia y el abuso de poder». Argumentaron que «desde el inicio del actual gobierno de la provincia de Jujuy, su Poder Judicial ha sido un apéndice del Poder Ejecutivo; que desde la detención de Milagro la persecución se centró en armar causas o exhumar las prescriptas; que se ignoraron las pruebas ofrecidas por la defensa y se sometió a lxs encausadxs a citaciones en el tribunal sin conocimiento de sus abogados defensores; que no se garantizó en los sitios de detención la seguridad ni la atención de la salud de lxs dirigentes hostigadxs y que se incumplieron en forma reiterada las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos».