Ante la negativa del tribunal para ampliar su indagatoria, la vicepresidenta aseguró que va a «demostrar por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales».
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hablará hoy a las 11:00 horas a través de sus redes sociales, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido para ampliar la declaración indagatoria en la denominada Causa Vialidad, que investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que la Fiscalía pidió que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
«Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019», expresó Cristina en Twitter tras la negativa del tribunal.
En ese marco, anunció que hoy a las 11hs, «a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion que montaron los fiscales» Diego Luciani y Sergio Mola.
El rechazo a su pedido de ampliación de la indagatoria fue comunicado por el presidente del TOF2, Rodrigo Giménez Uriburu, tras una deliberación de 30 minutos con sus colegas Andrés Basso y Jorge Gorini, con quienes coincidió en que la próxima instancia que tiene la vicepresidenta para exponer ante el tribunal es la que se conoce como «últimas palabras», previo al veredicto.
Este lunes se completó la novena audiencia del alegato acusador en la causa también conocida como Vialidad, en la que los fiscales pidieron penas para todos los acusados. Sobre el pedido de condena a Fernández de Kirchner, el Frente de Todos advirtió que se trata de un intento de proscripción o condicionamiento contra la exmandataria. El debate se reanudará el 5 de septiembre.
Pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
A pesar de la falta de pruebas después de tres años de juicio, y los papelones cometidos con las “evidencias” tomadas de otras causas, los fiscales pidieron 12 años de cárcel y proscripción de por vida para Cristina Kirchner. Confirmando su parcialidad, el tribunal le negó a la ex presidenta su derecho a ampliar la declaración indagatoria y motivó una contundente respuesta.
La misma pena puso para el empresario Lázaro Báez y 10 años de cárcel para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López y el extitular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.
Pruebas falsas
En los tres años que lleva este juicio hasta sus testigos les declararon en contra. Audiencia tras audiencia se desmoronaba la acusación y la vicepresidenta no era ni mencionada. Incluso a la hora de alegar los fiscales no pudieron exhibir decreto ni orden administrativa, correos o mensajes que vinculen a la expresidenta con la obra pública en Santa Cruz, sólo una serie de especulaciones.
De hecho, el informe de la Dirección de Vialidad que hizo la gestión de Javier Iguacel al comienzo del gobierno de Macri, y que dio lugar a la causa, señalaba que las obras que se pagaron fueron las que se hicieron y que los plazos estaban dentro de lo previsto. De todas maneras y sin fundamentos, sostienen que es jefa de una asociación ilícita.
Al momento del alegato, que indudablemente hicieron en forma remota para abarcar más audiencias y leer (aunque no está permitido) su exposición, recurrieron a pruebas falsas y a otros expedientes, que introdujeron apenas antes de comenzar, o sea, ya terminado todo el desarrollo central del juicio. Es decir, son cuestiones que no formaron parte del debate oral y que incluso en algunos casos son mentirosas.
- Uno de los ejes fue traer al presente el juicio por los bolsos que llevó José López al convento de General Rodríguez con 9 millones de dólares. El fiscal Mola llegó a decir que ese dinero a López se lo dio un secretario de CFK, Fabián Gutiérrez, cuando durante la investigación y el juicio en el que López fue condenado ya había quedado demostrado que el exsecretario de Obras Públicas tenía el dinero escondido en su casa en Río Luján, en un cuartito de difícil acceso (se llegaba por una escalera apartada), e incluso los billetes tenían impregnada la humedad del lugar.
- Los fiscales habían mostrado chats extraídos del teléfono de López (es parte de lo que agregaron a último momento) pero lo que hallaron fueron dos mensajes de 2014 y 2015 en los que el exfuncionario le decía a un secretario de la entonces presidenta que Lázaro Báez reclamaba que le paguen, algo que hacen todos los empresarios que contratan con el estado. La conversación no era con ella. Se aferraron a mensajes que indican que el empresario y CFK tuvieron dos reuniones en 2010. También evocaron el nombre de Máximo Kirchner, que no está imputado en esta causa.
- Otra causa a la que aludieron para alimentar la imagen de una maquinaria de corrupción es la conocida como la “Ruta del dinero K”, donde Báez fue condenado. Usaron el testamento del empresario, que tiene como beneficiarios a sus cuatro hijos con la condición de que no pueden dividir la empresa ni los bienes durante 30 años, según dijo el juez Sebastián Casanello. Para la fiscalía, eso implicaría que el dueño/a de la fortuna sería otro, cuando en realidad el mecanismo que se usa para ese tipo de ocultamiento son sociedades off shore o similares. Tampoco aparece ningún Kirchner.
- Aludieron a dos causas cuyos juicios orales no se hicieron, como si algo de esos expedientes probara delitos: uno es “Hotesur – Los Sauces”, sobre el cual señalaron que los hoteles y alquileres eran formas de blanqueo de dinero pese a que todos los imputados, incluida CFK, están sobreseídos; el otro es el caso “Cuadernos”, del que tampoco se hizo el juicio pero se utilizó para dar por sentado el pago de coimas. Según parte del alegato, hubo constructoras que se presentaron en las licitaciones de Santa Cruz para simular una competencia y que ganaran las empresas de Báez. Luciani pidió que se investiguen posibles delitos de las empresas Petersen, de los Eskenazi, y Esuco, de Carlos Wagner, que lideraba la Cámara de la Construcción. Báez era enemigo de esa cámara, no se entiende por qué lo ayudarían.
El mensaje de los fiscales
El mensaje que buscan dejar los fiscales Luciani y Sergio Mola es que el kirchnerismo no fue o es un proyecto político (al que a la vez un sector judicial descalifica por ‘populista’) sino una organización delictiva para apropiarse del dinero público. Para eso exprimieron el último día del alegato con la misma fórmula discursiva que usaron desde que le dieron inicio, con frases repetidas. “Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad”; “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”; “arrasaron todos los principios de contratación pública”; “los organismos de control están parasitados”, fueron algunas de las expresiones que apostaron a instalar. También afirmaron que para ellos el perjuicio al Estado fue de 5231 millones de pesos, que pidieron decomisar.
No queda claro en qué se basa el cálculo, dado que el TOF2 sólo autorizó peritar cinco de las 51 obras viales cuestionadas. Beraldi recordó que participó el perito Eloy Bona, con aval del tribunal, pese a que tuiteaba contra CFK. “Señores jueces, este es el momento, es corrupción o justicia”, fue otra frase rutilante de Luciani. Antes había cuestionado a la Unidad de Información Financiera (UIF) que pidió absoluciones, y a la Oficina Anticorrupción (OA) por dejar de querellar. Ambos habían sido utilizados por el macrismo para fogonear causas contra opositores.
Luciani dirigió ciertos tramos derecho a CFK al achacarle haber “defraudado” “a los ciudadanos que la votaron” y la acusó de haber “demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general por dilapidar fondos púbicos y a los ciudadanos de Santa Cruz en particular”. Dijo que tenía “poder de dirección” y que buscaba el “lucro personal”. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, dijo. “La misma imputada desafió a este tribunal al aseverar ‘a mí me absolvió la historia’ cuando bien sabe que el Poder Judicial es el que condena o absuelve”, provocó. Se despachó también contra Alberto Fernández y le atribuyó una “injerencia indebida” en el juicio.“Le quisiera recordar que dijo públicamente que renunció como jefe de Gabinete por la corrupción en la obra pública”, chicaneó el fiscal y le adjudicó esta vez “defender puerilmente a su compañera de fórmula”.
Lo que declaró Alberto Fernández fue lo siguiente: “Un presidente o un jefe de Gabinete están muy lejos de cada obra en particular. En casi todos los casos, lo que se decide es la adjudicación de fondos, pero luego es la provincia la que licita, adjudica y controla. Se imagina que es imposible que yo controle, hoy en día, 3.000 obras que tenemos andando y 100.000 viviendas que se están construyendo. Ese control no lo ejerce ni un ministro. Se miran los grandes números, si se está cumpliendo con la ejecución”. Como es obvio, esta afirmación conspira contra la idea que planean de los fiscales de que CFK debía estar al tanto de todo. Al presidente tampoco le preguntaron cuando testificó sobre las razones de su renuncia.