A pesar de la falta de pruebas hoy culmina el pedido de penas. Más de 500 intendentes expresaron su respaldo a la vicepresidenta y aseguraron que la justicia está actuando de manera «estigmatizante» y ejerciendo una práctica «violatoria de los derechos humanos».
Los fiscales tuvieron que recurrir a otros expedientes porque en los 3 años del juicio hasta sus testigos les declararon en contra. La casi totalidad de sus argumentos provienen de otros expedientes que los jueces les autorizaron a usar el último día del juicio, nunca se discutieron en las audiencias.
Aun así, son argumentos que no demuestran nada. Los usaron para hacer ruido mediático. Los fiscales no se privaron incluso de hacer papelones descomunales equivocando pruebas como principiantes. Por ejemplo, dijeron que 17 obras no fueron votadas por el Congreso Nacional sin advertir que sí fueron votadas, pero con otra denominación, ésta última otorgada por la Comisión de Presupuesto del Congreso.
Tras la derrota en cada una de las audiencias desde mayo de 2019, Diego Luciani y Sergio Mola sólo se concentraron en producir humo, tratando de presentar como flamantes las pruebas ya demolidas en el juicio.
Intendentes y diputados expresaron su respaldo a la vicepresidenta
A través de un comunicado, 509 intendentes del interior del país rechazaron la “persecución judicial” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa de Vialidad y denunciaron “utilización” del sistema judicial como «un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social».
A través de un escrito, los dirigentes comunales aseguraron que dicha persecución se lleva a cabo mediante “la activa participación de numerosos medios de comunicación”. Según afirmaron, bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, la causa pretende “condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente” a la vicepresidenta.
También expresaron que este procedimiento implica una “práctica violatoria de los derechos humanos” y apuntaron contra los medios que están involucrados en esta operación contra Cristina Kirchner.
De igual modo, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos expresó su solidaridad con «la compañera vicepresidenta» Cristina Fernández de Kirchner y apuntó contra los medios de comunicación y la «utilización del Poder Judicial» como mecanismo de «persecución de dirigentes políticos y sociales».
Así lo manifestó el conjunto de diputados nacionales del FdT a través de un comunicado divulgado en redes sociales, donde señaló que «desde hace décadas, líderes populares en Argentina son estigmatizados a partir de falsas denuncias construidas en su contra», que luego son amplificadas «en los medios de comunicación que responden a las grandes corporaciones», además de un Poder Judicial «alineado con los intereses de los poderosos».
Los legisladores señalaron que estas denuncias son «funcionales a un objetivo que tampoco se modifica: condicionar políticamente a una de las referentes más importantes del movimiento nacional y popular de la historia Argentina».
Reiteraron su «solidaridad y acompañamiento a Cristina Fernández de Kirchner» y recordaron que «no habrá acción en su contra que la aleje del amor genuinamente ganado en el corazón de millones de argentinos y argentinas».
«Cristina amplió los derechos de los sectores populares y eso es irreversible en la memoria del pueblo«, concluyeron.
Esta semana los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluirán con el alegato acusador y pedirán las penas en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en favor del empresario Lázaro Báez, que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre los imputados.