Se trata de Jonathan Morel y Leonardo Sosa, a quienes se sumó también el procesamiento de Natanael Rinstein Menin.
Dos miembros de la agrupación Revolución Federal y una tercera persona fueron procesados, sin prisión preventiva, por los daños y los incidentes ocurridos en las proximidades de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 22 de agosto del año pasado, el mismo día en el que el fiscal Diego Luciani pidió que la condenaran a doce años de prisión en la causa vialidad.
Los procesamientos fueron dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y abarca a los referentes de Revolución Federal, Jonathan Morel y Leonardo Sosa, y a Natanael Rinstein Menin, quien habría llegado a morder a un policía en el momento en el que intentaban reducirlo, según surge de la reconstrucción de los hechos.
Al momento de su aprehensión, además, Reinstein Menin «llevaba consigo una botella con combustible y con un trapo dispuesto a modo de tapón», lo que se conoce popularmente como cocktail molotov, según surge de la resolución.
Morel y Sosa fueron procesados por el delito de daños en grado de tentativa, a raíz de que rompieron un vallado de madera de la vía pública con el aparente afán de utilizarlo contra militantes kirchneristas que habían ido a apoyar a la vicepresidenta, mientras que Reintein Menin fue procesado por tentativa de lesiones, daños e intimidación pública y como autor del delito de resistencia a la autoridad y por haber puesto sus manos sobre un policía.
En el marco del expediente que tiene como fiscal a Gerardo Pollicita, el juez Martínez de Giorgi ordenó mandar a trabar embargos sobre los bienes de los imputados hasta cubrir los montos de 350 mil pesos en el caso de Reinstein Menin, 200 mil pesos para para Sosa y 150 mil pesos sobre los bienes de Morel.
«Los encausados habrían tomado una valla de madera de color blanco, que formaba un perímetro delimitando una zona de trabajo sobre la acera, y habrían intentado dañarla», se explicó en la resolución judicial en la que, además, se refirió que un policía que intervino en aquella situación aventuró que el objetivo de Sosa y Morel habría sido «obtener fragmentos del vallado para tener a su disposición elementos que pudieran arrojar hacia sus contendientes».
El proceso judicial se inició «a raíz de los hechos ocurridos con fecha 22 de agosto del año 2022» cuando, a partir de las 21 horas, «diversos grupos de personas comenzaron a aglomerarse en las inmediaciones de la intersección de calles Juncal y Uruguay de esta ciudad, a fin de manifestarse, sosteniendo consignas en favor y en contra de la Vicepresidenta Cristina Kirchner, por tratarse esa zona del lugar donde se emplazaba el domicilio particular de la funcionaria», relató el juez en su resolución.