Además se incorpora en la misma normativa a las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis. El proyecto propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.
El Senado de la Nación aprobó, por amplia mayoría, y convirtió en ley, el proyecto de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.
La discusión del proyecto, que finalizó pasadas las diez de la noche, fue seguido desde las gradas del recinto de la Cámara alta por decenas de pacientes, que aplaudieron de manera cerrada cada discurso.
El proyecto fue votado por sesenta votos a favor y uno en contra, del jefe del bloque PRO, el misionero Humberto Schiavoni.
La iniciativa, que fue presentada originalmente por la diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos, establece -entre otros puntos- la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.
Propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.
El proyecto también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.
La integración de esta comisión debe ser determinada por vía reglamentaria y garantizar representación federal y de géneros.
También se propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.
El jefe de la Comisión de Salud, el oficialista tucumano Pablo Yedlin, elogió la actual Ley de VIH y la calificó como “precursora en el mundo y sobre todo en la región”.
“Se diagnostican por año 4.500 casos con una tasa de 11 por cien mil. En tanto que la tasa de mortalidad está en 2,8 por cada cien mil habitantes”, mencionó Yedlin.
Además, indicó que “el treinta por ciento de los pacientes que se diagnostican lo hace en un período tardío de la enfermedad”, y señaló que “el 65 por ciento de los pacientes se atiende en el sector público”.
El vicepresidente de la Comisión, el jujeño Mario Fiad, refirió que “esta ley viene a actualizar la ley vigente y que tiene el adicional de incluir también a las hepatitis virales y a otras infecciones de transmisión sexual desde una perspectiva de los derechos humanos”.
“Creo que estamos llegando tarde, porque no necesitamos de estas leyes para saber que el universo de las personas afectada por estas patologías tienen sus derechos consagrados”, agregó.
PARA GAILLARD, LA NUEVA LEY DE VIH IMPLICA «PONERSE A TONO CON LO QUE RECOMIENDA ONUSIDA»
La diputada Carolina Gaillard, una de las principales impulsoras de la nueva ley, destacó que el nuevo texto incorpora “una mirada integral, interdisciplinaria e interseccional” de las necesidades de las personas que viven con el virus, a tono con “lo que recomienda la OPS y ONUSIDA”.
La legisladora, la primera que firmó el proyecto que aprobó el pasado 5 de mayo en Diputados, aseguró en diálogo con Télam que “es muy importante” que este jueves se apruebe esta ley que es el producto del trabajo de muchos años por parte de las organizaciones de personas VIH positivas que vienen bregando por “actualizar la ley anterior que ya tiene 30 años, para que tenga una mirada integral, interdisciplinaria, interseccional”.
“La nueva ley aborda no solo el tratamiento de la salud de las personas con VIH, sino el contexto social, y potencia la presencia del Estado para acompañar a las personas en sus tratamientos con, por ejemplo, una pensión no contributiva para aquellos que no tengan trabajo en relación de dependencia, o una jubilación anticipada a los 50 años (para quienes sí lo tengan)».
Esos ejes «parten de entender y comprender que las personas con VIH tienen una vida más corta producto de los tratamientos prolongados con drogas de alta toxicidad y el deterioro que ocasiona el virus en el organismo”, explicó.
Gaillard resaltó que el texto incorpora un capítulo para que “no se obligue a las mujeres y otras personas gestantes al parto por cesárea por el sólo hecho de tener VIH y que se priorice el parto natural” y a que los bebés paridos por una persona positiva tengan acceso a la leche de fórmula durante 18 meses, entre otras cuestiones.
Otro dos aspectos que Gaillard consideró “fundamentales” son la “creación de un observatorio de la discriminación hacia personas con VIH”, así como la prohibición de despedir a una persona por su diagnóstico y de solicitar el test como parte de los exámenes preocupacionales, dos situaciones que se siguen dando “porque existe un estigma en torno a esta condición” por más que esté prohibido por diferentes resoluciones del ministerio de Trabajo.
“Este proyecto retoma todos los parámetros de OPS de la ONU, con la meta de 90-90-90 (90% de las personas viviendo con VIH diagnosticadas, 90% de las diagnosticadas en tratamiento y el 90% de las personas en tratamiento con el virus indetectable e intransferible); y avanza para que tengan las condiciones de vida, lo básico y esencial resuelto para llevar adelante correctamente el tratamiento que les permita una buena calidad de vida”, dijo.
Para la legisladora, la principal deuda actual que tiene el Estado en esta materia son “campañas de prevención”, lo que también está previsto en el proyecto de ley que ordena realizar “campañas masivas de sensibilización, difusión y concientización”.
“Es muy importante que la población esté informada y esté consciente que tiene que cuidarse, que protegerse y testearse para conocer cuál es su serología, que haya campañas de prevención y tratamiento, para que el mensaje se emita con la fuerza que tiene el Estado cuando comunica y que la población sepa que no es algo que ya pasó sino que sigue estando entre nosotros y no podemos descuidarnos un segundo”, concluyó.