Esta normativa busca resguardar la cadena de custodia y garantizar que las pruebas genéticas no pierdan su valor dentro de los procesos penales.
La provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo protocolo obligatorio para la recolección y preservación de muestras destinadas a análisis de ADN. La medida, oficializada mediante la Resolución 2060 firmada por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, busca estandarizar el trabajo de los peritos en el territorio bonaerense para resguardar la cadena de custodia y garantizar que las pruebas genéticas no pierdan su valor dentro de los procesos penales.
La normativa fue desarrollada en conjunto con la Procuración General y contó con el aporte técnico de la Policía Científica, institutos forenses y organismos jurídicos del Estado. Entre sus directivas centrales, el texto impone reglas estrictas sobre el uso de insumos adecuados, el rotulado individual de cada elemento y la capacitación obligatoria del personal que interviene en la escena del crimen o en procedimientos de allanamiento.
Para evitar la saturación de los centros de análisis y optimizar los recursos, el reglamento establece un límite inicial de hasta cinco evidencias por envío, seleccionadas según su relevancia para la investigación. Además, determina que los laboratorios podrán rechazar cualquier muestra que presente fallas de embalaje, fallos en la documentación o signos de contaminación.
El protocolo incluye un apartado especial para casos de delitos contra la integridad sexual, donde se prioriza el consentimiento informado y el resguardo físico y emocional de las víctimas durante el proceso de extracción.