El distrito gobernado por Fernando Espinoza iniciará acciones legales contra la Ciudad administrada por Horacio Rodríguez Larreta, en reclamo de más de 100 mil millones de pesos por «tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de desarrollo humano».
El municipio de La Matanza realizará una presentación judicial contra la ciudad de Buenos Aires para reclamar una «deuda histórica millonaria» que asciende a más de 100 mil millones de pesos en concepto de «tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de desarrollo humano», por «una masiva deportación de pobres formando las villas en terrenos fiscales de la Nación» dentro del territorio de ese partido de la provincia de Buenos Aires.
Según indicaron, el conflicto inició cuando el gobierno dictatorial mudó a habitantes de barrios populares porteños a terrenos fiscales ubicados en la provincia por los que “nunca se pagaron las tasas municipales”.
Al igual que ocurrió en otros municipios, La Matanza recibió habitantes de barrios populares de la entonces Capital Federal, que todavía pertenecía a la órbita del Estado nacional porque no era autónoma, y que fueron ubicados en terrenos fiscales nacionales por los que «nunca se pagaron las tasas municipales».
Uno de los puntos que el distrito gobernado por el intendente Fernando Espinoza reclama a la Ciudad, administrada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, es una «deuda por 20 mil millones de pesos en tasas municipales no pagadas».
«Es una larga historia de privilegios de la Ciudad, que incluye ignorar una deuda económica millonaria con La Matanza por una masiva deportación de pobres«, sostienen desde ese municipio del conurbano bonaerense, mientras definen los pasos a seguir.
Los asesores legales validaron el reclamo en el concepto de «continuidad jurídica» que tiene la Ciudad y, por eso, la «deuda crece día a día» y además demuestra que «el centralismo está lleno de falta de solidaridad social y de privilegios», indicaron las fuentes.
Por otro lado, los cálculos de expertos ambientalistas y urbanistas, en concurso con sociólogos, psicólogos sociales y analistas del comportamiento del individuo regido por sus circunstancias, establecen en «al menos 100 mil millones de pesos el daño que el comportamiento del Estado porteño provocó, y sigue provocando, en territorio matancero».
En un repaso histórico que realizan desde el municipio, la Ciudad desplazó a los habitantes de sus asentamientos hacia precarias viviendas construidas con «carácter transitorio» en terrenos de su propiedad en La Matanza, denominados «Núcleos Habitacionales Transitorios».
«La transitoriedad hizo que no se edificaran viviendas dignas, que no haya una planificación urbanística, que no se midieran impactos ambientales, que no se los dotara de servicios básicos indispensables, que se colapsaran los accesos y que se desnaturalizara el entorno», protestaron desde La Matanza.
Impacto ambiental
Al ser concebida como una política de carácter transitorio, las viviendas a las que se traslado la población fueron construidas de manera precaria. Esta transitoriedad “hizo que no se edificaran viviendas dignas, que no haya una planificación urbanística, que no se midieran impactos ambientales, que no se los dotara de servicios básicos indispensables, que se colapsaran los accesos y que se desnaturalizara el entorno», señalaron.
«Esos lugares se convirtieron en factores de contaminación en el amplio sentido del término y se violaron normas socioambientales comprobadas en todo el mundo, provocando hacinamiento y la inevitable generación de conductas masivas anómicas, creando un clima similar al de los campamentos de refugiados», denunciaron desde la municipalidad.
Desde el gobierno matancero sostuvieron que “lo que sucedió fue casi una deportación” y remarcaron que “la permanencia de una injusticia no la transforma en otra cosa: sigue siendo una injusticia». Además indicaron que «desde hace 28 años, desde que la Ciudad fue autónoma, sus Gobiernos locales miraron para otro lado cuando se les reclamó esa deuda» y sostuvieron que «lo que sucedió fue casi una deportación”.
Por último alegaron que «la ciudad más rica del país se niega a pagar las deudas que tiene con un municipio cuyo presupuesto es casi 40 veces menor y elude asumir el costo socioambiental que provocó la apresurada e insensible mudanza obligada y llena de mentiras para sus vecinos pobres del sur».