Además legisladores de JxC crearon una comisión investigadora para justificar la represión y lavarle la cara a Gerardo Morales.
Docentes agrupados en la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) de Jujuy, que mantienen un paro por tiempo indeterminado en la provincia, marcharon hoy hasta la sede del ministerio de Educación local. El reclamo del sector es por un pedido de paritarias y contra la reforma de la Constitución aprobada.
Los manifestantes caminaron varias cuadras desde la casilla de Turismo, ubicada en el acceso sur de la ciudad, llevando una bandera argentina y con cánticos alusivos a sus protestas.
Allí, el secretario de Cultura y Educación de la Adep, Fernando Chiri, expresó: «Nos quieren doblegar, cansar, por eso no nos mandaron la conciliación obligatoria. Estamos demostrando día a día nuestra lucha en la calle que va a seguir. Estamos haciendo historia”.
El reclamo «no solo tiene que ver con lo salarial, sino también con el rechazo a la reforma parcial de la Constitución provincial«, y advirtieron sobre la posibilidad de que «los derechos conquistados en democracia sean vulnerados».
El domingo pasado, el gremio decidió continuar con las medidas de fuerza y rechazó el ofrecimiento del gobierno de Gerardo Morales de un salario mínimo de 200 mil pesos sobre una mejora a distintas variables y conceptos.
De esa manera, la Adep mantiene el paro de actividades desde hace 24 días, mientras que el gremio Cedems volvió a las aulas este lunes.
Sin embargo, ambos gremios mantienen el «plan de lucha» en toda la provincia, con permanencia al costado de las rutas, radio abierta y marcha de antorchas.
Movida legislativa para lavarle la cara a Morales
El bloque de diputados provinciales que responde al gobernador Gerardo Morales presentó un proyecto para la creación de una comisión investigadora. El objetivo no es indagar en la represión y los atropellos que las fuerzas de seguridad vienen perpetrando contra la población desde el sábado 10 de junio contra numerosos manifestantes, sino en lo que ellos califican como “un intento de golpe de Estado”.
Para la agrupación H.I.J.O.S. la creación de esta comisión no tiene otro objetivo que el de perseguir opositores al gobierno de Morales.
Así lo repitió cinco veces en conferencia de prensa Alberto Bernis, el presidente del bloque que el frente Cambia Jujuy (integrado en efecto por la UCR provincial) tiene en el parlamento provincial. Tomando como foco del cuestionamiento a las protestas desatadas frente a la Legislatura jujeña el martes 13 de junio tras la apresurada jura de la reformada constitución, Bernis sostiene la temeraria tesis con la misma narrativa que Morales y sus súbditos políticos eligen a la hora de configurar un enemigo: los reclamos son atribuidos por un lado al “kirchnerismo y la izquierda”, por el otro a “integrantes o exintegrantes de la Tupac Amaru”, además de “infiltrados” y “gente de afuera, muchos militantes y delincuentes”.
“Es gente que ha venido con la intención de romper todo y de que se produzca un golpe de Estado en contra de nuestro gobernador Gerardo Morales. Lo estamos denunciando como hecho concreto”, repitió. En otro orden, también despreció el reclamo de las comunidades indígenas, ya que según él “se metieron ahí para informarles mal”.
Bernis (que a partir del 10 de diciembre abandonará su banca para asumir como vicegobernador) sostuvo además que “hubo una clara decisión política del ministro de Seguridad Aníbal Fernández de quitarnos la ayuda”, disconforme porque el gobierno nacional no envió fuerzas federales para darle mayor músculo a la represión. Por otro lado, sumó también como “generadores de violencia” al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner”.
A pesar de la numerosa cantidad de intérpretes que Bernis y su bloque incluyen en el elenco del intento de “golpe de Estado”, el futuro vicegobernador jujeño indicó que las protestas están representadas “por una minoría”. En ese sentido, conminó: “Todos los jujeños tenemos que reaccionar y darle un golpe muy fuerte”. Acaso consciente del fallido discursivo (¿un golpe para frenar un golpe?), inmediatamente después aclaro: “Los golpes se dan a través de las urnas”.
El discurso de más de veinte minutos fue pantanoso y contradictorio. “El reclamo salarial siempre es legítimo”, indicó Bernis en su versión aparentemente dialoguista. “Tienen derecho a reclamar y a movilizarse en contra del gobierno. Nadie les va a hacer nada”, agregó, pese a que las numerosos denuncias contra el accionar policial demuestran lo contrario. Envalentonado, el legislador también intentó imponer condiciones (facultad que no es propia de una comisión meramente investigadora, tal lo indica su propia definición): “Que los maestros sigan su lucha gremial, pero también que sigan las clases. Esa es una actitud responsable y buena para todos”.
“Esta comisión va a tener amplias facultades para requerir información”, apuntó Bernis, encendiendo alarmas sobre la posibilidad de que este cuerpo sirva no más que para perseguir a opositores al régimen de Morales. Consultado acerca de quiénes iban a designar los miembros de dicha comisión (que todavía no funciona como tal, ya que primero debe ser aprobada por la legislatura y la misma no tiene previsto sesionar al menos hasta la semana que viene), el presidente del bloque radical se mostró fastidioso: “Y… los propios diputados, en función a la proporción que tenga cada bloque… ¡qué pregunta rara!”.
Pero no fue el único incómodo para Bernis y su séquito: otro periodista le preguntó si la comisión también iba a investigar “la represión de la policía y las camionetas sin patente que esta utilizó, tal como mostraron numerosos videos”. “Obviamente”, intentó conceder, aunque al instante aclaró: “Lo que puedo decir es que se reprimió en defensa de las instituciones. Es decir: no hubo una represión iniciada por la policía. Vamos a investigador todo, quédense tranquilos. Y también los delincuentes que rompieron todo, y si hubo políticos detrás”.
En respuesta a estos, la agrupación HIJOS envió un comunicado señalando el fin persecutorio de esta comisión que busca criminalizar a los manifestantes, tal como lo padecieron los cuatro integrantes de la referentes jujeña de la organización que fueron violentamente detenidos en las manifestaciones del martes 13. El caso de Eva Arroyo funge de tenebroso ejemplo: fue arrestada en el penal de Alto Comedero y acaba de ser citada a declarar en la tarde de hoy jueves por una innumerable cantidad de imputaciones. “Incitación a la violencia mediante agresiones al personal policial, daños a la propiedad pública, escándalo público, molestias a terceros y entorpecimiento al normal funcionamiento de los servicios públicos de salud, educación y comunicación” son todos los cargos por los que la acusan en dos causas: una contravenciones y otra penal. Lo único que estaba haciendo Eva (al igual que sus tres compañeros detenidos e imputados) era reclamar, derecho que el propio diputado Alberto Benis reconoció como legítimo en la conferencia de anuncio de la comisión investigadora.
“Morales quiere instalar la idea de que no es el pueblo jujeño el que sale a la calle, sino gente que no tiene pensamiento crítico y autónomo. Por eso inventa la teoría del enemigo interno, que ya sabemos a qué épocas nos recuerda”, sostiene Eva Arroyo. “Es curioso, porque él viene de una familia de trabajadores y de extracción popular, aunque se convirtió en un desclasado que maneja la provincia como un patrón de estancia. Para él, somos un ganado que hay que adoctrinar a los chicotazos así le obedecemos. Y su ego no puede tolerar que hasta la gente que lo votó ahora salió a protestarle los salarios y la reforma constitucional”.