Hoy declaran los papás de los jóvenes asesinados por la policía.
Cuatro policías de la Bonaerense comenzaron a ser juzgados en los Tribunales de La Plata por un jurado popular, acusados de la “Masacre de Monte”, en la que cuatro jóvenes murieron tras una persecución policial a tiros. El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata, a cargo de la jueza Carolina Crispiani, y se extenderá a lo largo de diez jornadas consecutivas, por lo que su finalización está prevista para el 17 de mayo.
Los acusados son los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez y el excapitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Alberto García, que llegan detenidos al debate y son quienes se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes.
En la primera audiencia, la madre de Gonzalo Domínguez, una de las víctimas, pidió a la Justicia que tome este caso “como un asesinato de niños inocentes” y aseguró que los testigos que declaren serán “fundamentales” para esclarecer el hecho.
”Yo necesito que la Justicia tome ese caso como lo que es: un asesinato de niños inocentes. Y con alevosía, porque dispararon en el auto. Un impacto de bala quedó alojado en el cuerpo de mi hijo”, manifestó en diálogo con la prensa Susana Ríos frente a los tribunales platenses, ubicados sobre la calle 8 entre 56 y 57.
Allí, la mujer afirmó que los cuatro policías imputados comenzaron a disparar al Fiat 147 en el que viajaba su hijo junto a Camila López (13), Danilo Sansone (13), Aníbal Suárez (22) y Rocío Quagliariello (17), la única sobreviviente, ya que “pensaron que los chicos los estaban filmando”.
”Siguieron a un 147 que iba muy despacio, paseando, durante dos kilómetros disparando al menos doce veces. Evidentemente los chicos pasaron por un lugar adonde no sé qué estaba haciendo la Policía. Me imagino qué era…para mí ese fue el motivo”, resaltó Ríos.
Y agregó: “Cuando uno piensa una persecución piensa que iban a 100, pero no iban a 100. ¿Por qué con semejantes camionetas no pudieron parar un Fiat 147? Evidentemente son asesinos”.
A su lado se encontraba Blanca Suárez, la mamá de Aníbal, quien viajó especialmente desde la provincia de Misiones para presenciar el juicio por jurados. “Con mucho esfuerzo llegué hasta acá. Este día es lo que esperábamos. Que llegue la justicia que Aníbal se merece. Que sea perpetua para los cuatro”, finalizó.
El juicio dio inicio con la elección de 18 miembros de la sociedad civil que conformaron el jurado popular (12 titulares y 6 suplentes) y que tiene como imputados a al excapitán de la policía bonaerense Rubén Alberto García y a los oficiales Leandro Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez.
Dentro de 10 días, la docena de jurados elegida deberá definir si los imputados son culpables o no de haber cometido el delito de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”.
Este martes se inicia la segunda jornada del juicio por la Masacre de Monte, el hecho que dejó como saldo a cuatro jóvenes asesinados después de ser perseguidos por la policía a los tiros y que produjo un choque en mayo de 2019. Por el hecho, se imputa a cuatro efectivos de la Policía Bonaerense que señalaron que “fue un siniestro”.
Este martes será el turno de declarar de Susana Ríos, Juan Carlos Sansone, Gladys Ruizdía, Blanca Suárez y Yanina Zarzoso, que a partir de las 10, durante la segunda audiencia del debate que se desarrolla en los tribunales platenses ubicados sobre la calle 8 entre 56 y 57.
Todos ellos son los padres de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22), quienes murieron tras chocar contra el acoplado de un camión mientras dos patrulleros perseguían a los tiros el Fiat 147 en el que viajaban.
Tras declarar, los padres de los chicos fallecidos podrán presenciar el restante de las audiencias ya que están constituidos bajo la figura de particular damnificado.
Una persecución policial que terminó en tragedia
La “Masacre de San Miguel del Monte” ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría de esa ciudad bonaerense persiguieron, a lo largo de la colectora de la ruta 3, a un Fiat 147 en el que viajaban Camila López, de 13 años; Danilo Sansone, de 13 años; Rocío Q., de 13 años; Gonzalo Domínguez, de 14 y Aníbal Suárez, de 22 años.
El día del hecho, los cuatro adolescentes daban vueltas a la plaza en el auto al mando de Suárez mientras escuchaban música, cuando oficiales de la policía bonaerense comenzaron a perseguirlos sin motivo. De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, los oficiales comenzaron a dispararles, ya que observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo, lo que derivó en el choque del auto de las víctimas contra un acoplado.s
La única sobreviviente del choque fue Rocío Q., actualmente de 17 años. La joven sufrió heridas graves en un brazo y en ambas piernas y permaneció internada durante 25 días en el Hospital El Cruce, en la localidad de Florencio Varela.
La adolescente no declarará de manera presencial en el debate, aunque sí brindó su testimonio mediante Cámara Gesell debido a que es menor de edad y, de acuerdo a fuentes judiciales, será emitido en una de las audiencias.
De vuelta al proceso, el fiscal de juicio es Mariano Sibuet, mientras que la abogada Dora Bernárdez representa a las familias Domínguez y Suárez; Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocina a las familias Sansone y López; y Ricardo Minoli, acompañará a la familia Quagliarello.
También actúan como querellantes la Comisión Provincial Por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se presentó ante el TOC 4 bajo la figura de amicus curiae y será observadora del debate.
Los jurados deberán definir si los imputados son culpables del delito de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”.