Las movilizaciones serán a partir de las 16:30hs. desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo.
Para «frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI» y «defender el derecho a la protesta», es la consigna de la marcha que protagonizarán los movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de UP, junto a organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre, que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.
Los manifestantes se movilizarán a partir de las 16:30hs en dos grandes columnas:
Una partirá desde el Congreso de la Nación por Avenida de Mayo y otra que lo hará desde el Obelisco por Diagonal Norte, para confluir en Plaza de Mayo donde se leerá un documento acordado entre las distintas agrupaciones.
«El Presidente anunció una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y el pueblo: megadevaluación, una inflación tremenda, pretende congelar el valor del Potenciar Trabajo y se mantienen sin entregas a los comedores populares y se vienen fuertes aumentos de las tarifas de servicios y transportes», sostuvieron las organizaciones de la UP en un comunicado dado a conocer en una conferencia de prensa desarrollada en Plaza Congreso.
Allí también se repudió el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles, al que calificaron de «inconstitucional» y bregaron por «la defensa del derecho a la protesta«.
En el encuentro con la prensa, varios referentes exhortaron a la Confederación General del Trabajo (CGT), para que «ante cualquier hecho represivo que ocurriese llame a un paro nacional activo».
De la conferencia participaron referentes de las distintas organizaciones convocantes como la Unión Ferroviaria, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Suteba, metrodelegados AGTSyP, y de la Asociación Gremial Docente (ADG), entre otras.
También estuvieron presentes legisladores y referentes del Frente de Izquierda-Unidad como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Gabriel Solano y Romina Del Plá, quienes recibieron con aplausos a la histórica Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.
El protocolo
La puesta en vigencia del protocolo «antipiquete» anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue ratificada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que el Gobierno nacional quiere que la movilización que, desde las 16:30hs, se desplazará desde el Congreso a la Plaza de Mayo transcurra «en absoluta paz» y en el marco de un «estricto cumplimiento de la ley».
El portavoz presidencial ratificó además que quien participe de algún corte de calle «dejará de percibir el plan social», tal como advirtió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Adorni reafirmó que, para el gobierno nacional, la «decisión está tomada y es hacer cumplir la ley» en relación al protocolo de orden público dispuesto por el Ejecutivo, que será aplicado por primera vez durante la movilización de la UP.
El protocolo dispuesto por Bullrich siguió sumando fuertes rechazos por parte de fuerzas políticas de izquierda y organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que presentaron ante la Justicia distintos recursos legales para que el Gobierno «deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo elaborado para controlar y vigilar las manifestaciones de protesta.
La jueza federal María Servini, por su parte, se declaró incompetente para intervenir ante un planteo de inconstitucionalidad del protocolo que había presentado la legisladora porteña María Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y derivó el tratamiento del recurso legal al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
Pérez Esquivel y el diputado nacional Néstor Pitrola, en representación del Serpaj y el Partido Obrero, respectivamente, firmaron un recurso de hábeas corpus colectivo para que «se deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional.
Pérez Esquivel y Pitrola consideraron que la medida, contemplada por medio de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, afecta «la libertad ambulatoria e integridad física» de los que se movilizarán mañana hacia la Plaza de Mayo.
También pidieron el cese de la vigencia del protocolo más de 1.700 organizaciones sindicales y sociales, quienes plantearon ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH que exijan al Estado argentino el fin de las «medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas».