Se trata de OMINT, quién obstaculizó la practica y atención a una paciente. La Dirección Provincial de Defensa de los Derechos acompañó en su reclamo a la persona gestante, que accedió a su derecho por medio del sistema de salud público de la Provincia.
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los consumidores imputó a la empresa de medicina prepaga OMINT S.A. DE SERVICIOS por no garantizar el acceso al derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de una paciente socia de su institución, incumpliendo la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240 y a la Ley Nacional Nº 27.610 de acceso a la IVE.
La empresa obstaculizó la práctica, demoró el trámite y la atención a la paciente, no brindó información clara y precisa, no garantizó el trato digno y equitativo e incumplió con las condiciones y modalidades de prestación del servicio de medicina prepaga contratado.
La Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios acompañó en su reclamo a la persona gestante quien, finalmente, accedió al derecho al aborto por intermedio del sistema de salud público de la Provincia.
De esta manera, y habiendo realizado dentro del marco del procedimiento, traslados a la empresa de la denuncia efectuada y celebrado (2) audiencias conciliatorias sin acuerdo, se procedió a imputar a la empresa de medicina prepaga Omint de Servicios S.A por presuntas infracciones a lo establecido por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, con el fin de garantizar los derechos de las y los consumidores.
“La gente está en una situación vulnerable porque las empresas resuelven sin que el ciudadano pueda defenderse”, Ariel Aguilar, el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia. El funcionario consideró que “las empresas vienen de una etapa donde el Estado se había retirado, y muchas de estas denuncias en la gestión anterior no prosperaban”.
En ese plano comparativo, aseguró que en la gestión actual “hay una decisión política de ir para adelante y solucionar los conflictos que se van planteando”. “La diferencia radica a partir del lugar desde el que uno se para como Estado y desde dónde considera los derechos de las y los bonaerenses”, dijo el funcionario. Y agregó: “El ministro Costa y el gobernador Kicillof nos dieron la orden de ver que no se vulneren derechos, y eso hacemos”, aseguró.
Omint, la quinta de las prepagas
Consultado sobre el procedimiento que derivó en la imputación, el subsecretario provincial detalló que “con la empresa hubo una etapa conciliatoria y se hicieron dos audiencias, pero como no avanzó decidimos actuar sobre la firma”. También, aclaró que OMINT, empresa que tiene como socio mayoritario al empresario Juan Carlos Villa Larroudet, presentó un descargo que todavía está siendo analizado por el ministerio.
«El descargo solicita que se celebre una nueva audiencia de conciliación, a la cual vamos a acceder para ver si se llega a un acuerdo», explicó Aguilar. «En caso de no haber acuerdo, el expediente, como con cualquier otra empresa, pasa a ser evaluado y entra en consideración la aplicación de una multa.”
La multa
El funcionario también destacó que el poder de fuego del Estado antes estaba limitado en este aspecto dado que el tope máximo de una sanción para una empresa llegaba a 500 mil pesos. Esto fue modificado recientemente por una ley que estableció que el monto más elevado de una multa equivalga a 5 mil salarios mínimos, vitales y móviles. “Esto es, más o menos, 300 millones de pesos”, relató Aguilar. “Hoy OMINT podría tener que pagar una multa de esos valores”, agregó.
Lo sucedido con la imputación a OMINT “es interesante para entender que cuando vos tenés legalización después arranca la implementación”, reflexionó la abogada especializada en políticas de género. “Cuando alguien del privado no hace lo que tiene que hacer, el Estado toma las herramientas que tiene y acciona para que esto no se repita”, celebró. “Si no hubiera habido una ley y un compromiso del Estado en primer acceso al aborto hoy no podríamos estar hablando de una situación de estas características con una prepaga u obra social”, señaló.