La justicia ordenó intervenir cuatro sedes comerciales de la empresa de suministro eléctrico para avanzar en la investigación sobre los últimos apagones.
El operativo estuvo a cargo de la División de Investigadores Antifraudes de la Policía Federal Argentina e intervinieron oficinas de la localidad de Ezeiza, Monte Grande, Lomas de Zamora y en la sede central ubicada en calle San José 190, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La denuncia contra Edesur fue presentada el pasado jueves 16 de marzo por el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), contra el directorio de la compañía a los que acusa de los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y abandono de persona.
El juez Federal Ernesto Kreplak ordenó la entrega inmediata de toda la documentación, ya sea en soporte físico o digital, sobre las comunicaciones que CAMMESA hizo a Edesur informando la existencia de desperfectos en el sistema electrónico que proveé la empresa en los partidos bonaerenses.
¿Por qué se ordenaron los allanamientos?
Los procedimientos se dispusieron para reunir documentación necesaria para el avance de la investigación, precisaron las fuentes.
La tarea se lleva a cabo desde esta mañana y el magistrado requirió la entrega «inmediata de toda documental ya sea en soporte físico o digital que vislumbre aquellas comunicaciones que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) ha efectuado a esa firma, mediante la cual se anoticia la existencia de desperfectos o interrupciones en el suministro de energía eléctrica».
En particular se refiere a los partidos bonaerenses de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría. La medida se tomó en la denuncia hecha en ese juzgado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires contra Edesur por «entorpecimiento de servicios públicos».
Además, el juez dispuso otras medidas de prueba, como requerir al ENRE el envío «urgente» del marco normativo de la concesión a Edesur y un informe «explicando de acuerdo a las concesiones, cuáles son los roles y funciones» de empresas como Cammesa, Sacme, Edenor, Edesur y el grupo Enel, propietario de esta última.
También que se detallen las «multas y planes de obra» impuestas a estas empresas, entre otros puntos como informes de auditorías, total de usuarios afectados y daños provocados al día de la fecha por los cortes de febrero último y copias de expedientes.
A la Comisión Nacional de Valores (CNV) y Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), se pidieron informes sobre «los anuncios de venta de los activos de Enel en las empresas Edesur, las centrales térmicas de Dock Sud y Costanera, y la concesión hidroeléctrica El Chocón»
En los tribunales federales de Retiro también se tramita otra denuncia que presentó el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, quien fue citado a ratificarla por el fiscal del caso, Ramiro González.
El pedido del juez
El magistrado requirió la entrega “inmediata de toda documental ya sea en soporte físico o digital que vislumbre aquellas comunicaciones que Cammesa ha efectuado a esa firma, mediante la cual se anoticia la existencia de desperfectos o interrupciones en el suministro de energía eléctrica”, en particular a los partidos bonaerenses de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría.
La medida se tomó en la denuncia hecha en ese juzgado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires contra Edesur por “entorpecimiento de servicios públicos”.
Además, el juez dispuso otras medidas, como requerir al ENRE el envío “urgente” del marco normativo de la concesión a Edesur y un informe “explicando de acuerdo a las concesiones, cuáles son los roles y funciones” de empresas como Cammesa, Sacme, Edenor, Edesur y el grupo Enel, propietario de esta última.
También que se detallen las “multas y planes de obra” impuestas a estas empresas, entre otros puntos como informes de auditorías, total de usuarios afectados y daños provocados al día de la fecha por los cortes de febrero último y copias de expedientes.
A la Comisión Nacional de Valores (CNV) y Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), se pidieron informes sobre “los anuncios de venta de los activos de Enel en las empresas Edesur, las centrales térmicas de Dock Sud y Costanera, y la concesión hidroeléctrica El Chocón”.
Además de esta causa judicial, en los tribunales federales de Retiro se tramita una denuncia que presentó el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello.
El miércoles, Martello -al ampliar la denuncia- solicitó a la Justicia una medida cautelar de prohibición de salida del país de los principales directivos de la empresa Edesur.
La presentación judicial solicita la prohibición de salida del país de Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro, los principales directivos de la firma.
El jueves pasado, Martello presentó una denuncia penal contra las autoridades de la empresa Edesur para que se los investigue por supuesta “defraudación por desbaratamiento, abandono de personas y entorpecimiento de servicios públicos”.
Este martes, Jorge Ferraresi asumió la intervención administrativa de Edesur, una decisión tomada por la Secretaría de Energía tras la falta de respuesta de la empresa por los cortes de luz registrados durante las dos últimas semanas y para poner en marcha un programa de inversiones que permita mejorar la calidad de servicio.
En las últimas dos semanas, en ocasión de una inédita ola de calor, se agravaron los cortes de servicio eléctrico a miles de usuarios de los barrios de la Capital Federal y de los partidos del Conurbano bonaerense que abarcan el área de concesión de Edesur, que cuenta allí con 2,5 millones de clientes.