A través de dos escritos firmados se solicitó que se efectúe el recurso "por falta de fundamentación suficiente". También se pidió el apartamiento de los magistrados que dictaron el fallo.
El Gobierno pidió a la Corte Suprema de Justicia que suspenda los efectos de su propio fallo dictado el 21 de diciembre, en el que le ordenó al Estado nacional a través de una medida cautelar que se le restituya a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los fondos coparticipables.
A través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno de Alberto Fernández interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.
El Gobierno dijo que la Corte, con la cautelar emitida, "excede sus competencias constitucionales" y "afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios".
"Lo que la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la CSJN", sostuvo el Gobierno en uno de sus escritos.
"La sentencia soslaya, a pesar de invocar el federalismo de concertación, que en esta última hipótesis adoptada por el Alto Tribunal, sería necesario rediscutir el régimen de coparticipación de manera general, con la intervención de todas las jurisdicciones", añade.
Según la Procuración, "resulta irrazonable pretender, por este concepto, que se mantenga un porcentaje de la masa coparticipable que – como sucedió desde inicios del año 2016 hasta el dictado del Decreto N° 735/2020 y la ulterior sanción de la Ley N° 27.606- excede el costo real de los servicios transferidos, generando un beneficio injustificado en favor de la jurisdicción local".