Algunos de los avances son: se declara un Estado ecológico y plurinacional; reconocimiento de los pueblos originarios; derecho humano al agua y a la educación; democracia paritaria.
Más de 15 millones de ciudadanos chilenos están convocados para asistir a las urnas este 4 de septiembre con la finalidad de decidir si desean aprobar la nueva Constitución o mantener la actual, que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
De acuerdo con la ley electoral, para ser aprobada la nueva Carta Magna debe alcanzar el 50% más uno de los votos. En caso de ser rechazada se mantendrá la vigente desde 1980 y que ha sido modificada una cincuentena de veces en los últimos 40 años.
La propuesta nueva Constitución, redactada durante un año por los integrantes de la Convención Constitucional y que surgió como respuesta al estallido social de 2019, fija numerosos cambios respecto a la vigente e incluye derechos inéditos hasta ahora.
Principales cambios de la nueva Constitución propuesta en Chile
Estado plurinacional y ecológico
“Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.
Así comienza el primer artículo de la propuesta nueva Constitución chilena. Dando la línea de los cambios profundos y principales.
Reconocimiento de los pueblos originarios
El texto constitucional acepta la autonomía y derechos, planteando garantías en términos territoriales con el reconocimiento de espacios, tierras, culturas, educación, salud, creencias y lenguas de todos los pueblos indígenas.
La naturaleza y el derecho humano al agua
La propuesta establece que el agua sea un recurso esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Por ende, es deber del Estado proteger las aguas en todos sus estados y fases, además de su ciclo hidrológico.
La Agencia Nacional de Agua tendrá un carácter autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y es la encargada de asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados.
Proteger la biodiversidad, debiendo preservar, conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres en la cantidad y distribución adecuada para sostener la viabilidad de sus poblaciones y asegurar las condiciones para su supervivencia y no extinción.
Paridad, diversidad, igualdad, no discriminación y vida libre de violencia
Permite resguardar y hacer cumplir los derechos humanos. Sustenta la condición de igualdad en la participación en la sociedad y la política independiente del sexo, género u orientación sexual.
Asegura la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación. Erradica la violencia por parte del sistema de justicia. Consagra una vida libre de violencia hacia la niñez, mujeres y diversidades/disidencias sexuales.
Se pasa de una «república democrática» a una «democracia paritaria», lo cual implica que las mujeres deberán ocupar al menos el 50% de todos los órganos del Estado, para lo cual plantea tomar medidas a fin de concretar la igualdad sustantiva y la paridad.
De acuerdo con María Elisa Quinteros, quien fue presidenta de la Convención Constitucional, esta es «la primera Constitución paritaria del mundo».
Derecho a la educación
La Constitución reconoce que todas las personas tienen derecho a la educación y que esta es un deber primordial e ineludible del Estado.
Garantiza la libertad de enseñanza, comprendiendo la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes “a la educación de calidad”.
Se reconocen tres funciones educativas; la investigación, la docencia y la colaboración con la sociedad. Sitúa en el centro a la educación pública. Propone una universidad estatal por región, reforzando el desarrollo descentralizado y considerando las “necesidades comunales, regionales y nacionales”.