Según información del Gobierno, hubo más de 132 mil abortos desde que se garantiza el derecho en la Argentina, se capacitó a más de 2.000 profesionales y hay 1.443 centros sanitarios que garantizan la práctica en el país.
La Ley 27.610, más conocida como ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre del 2020 y promulgada a mediados de enero del 2021, estableciendo el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana 14 inclusive sin necesidad de explicar los motivos de la decisión -manteniendo la vigencia del derecho en casos de violación y riesgo para la vida o salud de la madre, sin límite de tiempo-. Hoy, 30 de diciembre del 2022, a dos años de la IVE, muchas mujeres y personas gestantes continúan sufriendo situaciones de violencia o de falta de acceso a información relacionada al tema.
Según información del Gobierno nacional, en el sistema público de salud se reportaron 132.754 prácticas, se capacitó a más de 2.000 profesionales y hay 1.443 centros sanitarios que garantizan la práctica en el país. En estos centros, el Ministerio de Salud de la Nación distribuye gratuitamente los medicamentos y equipamiento para llevar adelante este tipo de procesos. Los datos oficiales muestran que hubo 73.487 en el año 2021 y 59.267 de enero a septiembre del 2022. Mientras que el número de centros y hospitales que la garantizan, es un 59,8% más de lo declarado en el 2020 y un 7,5% por encima del 2021.
Además de los 434 profesionales que lograron certificaciones y los 2.000 que recibieron actualizaciones acordes a la ley, el informe gubernamental destaca que la línea telefónica de Salud Sexual (0800-222-3444) recibió un total de 13.752 consultas por IVE/ILE entre enero y octubre del 2022 (89,8%, de un 33.735). Frente a esto, indican que se reforzaron las estrategias de accesos, se amplió el tiempo de atención para brindar información y se gestionaron recursos de traslado. Para ello, es clave el trabajo en red con provincias, organizaciones y referentes sociales.
Durante el encuentro en el Salón de las Mujeres, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, presentó una actualización del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo con la incorporación de las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo recomendó la despenalización total del aborto y que los Estados desistan de criminalizar a las personas que interrumpen o ayudan a interrumpir un embarazo, reconociendo la autogestión del aborto fuera del sistema de salud como una práctica segura y reconociendo el rol de ámbitos comunitarios y de sociedad civil.
Por otro lado, instó a los diferentes gobiernos a eliminar los períodos de espera o reflexión; internación compulsiva para la práctica de un aborto; búsqueda de consentimiento de padres, cónyuges o representantes legales y autorizaciones administrativas o por comités de ética que retrasan y complejizan el acceso al derecho.
Más allá del trabajo destacado hasta el momento, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, recordó que durante la pasada semana hubo cuatro socorristas cordobesas que fueron detenidas -y posteriormente liberadas- por acompañar una situación de aborto. Frente a esto, ambas carteras (junto a Salud) se encargaron del tema y aseguraron que “fue un alerta para que sigamos resguardando este derecho”.