No llegó a sentarse en el banquillo de los acusados por los secuestros de las «Noches del Apagón», la justicia dilató durante casi ochos años la investigación.
Carlos Pedro Tadeo Blaquier murió a los 95 años. Impune, pese a que fue procesado en 2012 por crímenes de lesa humanidad, jamás llegó a ser juzgado por los secuestros ocurridos en plena dictadura en la zona de influencia del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy.
Para evitar sentarse en el banquillo de los acusados, el dueño de una de las empresas agroindustriales más importantes de la región contó con la inestimable ayuda de los más altos tribunales del país: la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema, que demoraron el proceso durante casi ocho años.
Su impunidad fue repudiada por organismos de derechos humanos mientras que el expresidente Mauricio Macri lo despidió en las redes, obviando su prontuario en materia de delitos aberrantes, y mandó su “cariño” a la familia Blaquier.
Ingenio Ledesma: lucha, sangre, sudor y lágrimas
En la actualidad la firma Ledesma ha quintuplicado sus inversiones y su fortuna, pero para hacer honor a la verdad, en las década del 60, 70 su gran “chapa” era ser dueños del Ingenio Ledesma en Jujuy, con alrededor de 7.000 trabajadores. Competían con otras industrias azucareras en otros territorios del país, pero en esa provincia eran amos y señores. Tan amos y señores que en el departamento de Ledesma, perteneciente a la localidad Libertador General San Martín, construyeron un barrio cercano a la planta, que estaba rodeada por nuevos asentamientos de trabajadores/as que se habían trasladado hasta allí, y allí erigieron su “modesta” mansión, en el centro del mismo. Los/as trabajadores la llamaban la “Rosadita”.
Este nombre puesto por la aguda sabiduría popular tenía su correlato en otras “instituciones” creadas en las cercanías. Por decreto 2379 del año 1966 se instaló la “Sección Ledesma de Gendarmería Nacional” en un predio de la empresa. Creada supuestamente para controlar la seguridad en la frontera, como es su rol. De una frontera que estaba a 160 km de la que lindaba con Bolivia. Nos parece que la principal frontera que controlaban eran “la de clase”: patrones y obreros/as.
El general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército, fue el máximo responsable de la cadena de mandos militar en la zona. Y el principal accionista y presidente en ese momento del ingenio Ledesma, el señor Carlos Pedro Blaquier y su administrador, Alberto Lemos, fueron los entregadores, partícipes activos de la represión en la zona que costó centenares de víctimas.
Como en todo el país, la represión contra el activismo comenzó antes del golpe, en los años 1974, 1975, año este último en que fue intervenido el sindicato que los agrupaba, SOEAIL (Sindicato Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma), y encarcelados sus principales referentes.
Después del golpe, la represión arrasó violentamente. Blaquier y Lemos fueron procesados por la privación ilegal de la libertad de 29 personas. Pero tanto el 24 de Marzo de 1976 como las noches comprendidas entre el 20 y el 27 de julio del mismo año, tristemente conocidas como las “Noches del apagón” fueron secuestradas unas 400 personas en las tres localidades pegadas al ingenio. Entre ellos, desde ya, los principales activistas sindicales y de la obra social de los/as trabajadores/as. En todos los operativos participaron vehículos de la empresa Ledesma, según declararon todos los familiares y testigos ante los organismos de derechos humanos y los medios de prensa que lo pudieron hacer.
Nunca mejor expresada la acción desarrollada como “operación conjunta”. Conjunta no sólo de las fuerzas represivas con uniforme, sino con la participación activa de las cúpulas de las patronales que clamaban por liquidar las conquistas, los avances, la organización independiente, clasista y combativa de los trabajadores.
Una causa dormida por años
En 2009 se inició el expediente y se activó en noviembre del 2011, con el pedido de un fiscal de Jujuy de indagar a los dos máximos directivos del Ingenio Ledesma. A partir de ahí se inició la ronda de la Justicia, que siguió rodando por los escritorios de todas las jerarquías.
En 2015 la Cámara de Casación Penal declaró la falta de mérito en la causa. La Secretaría de Derechos Humanos apeló la decisión ante la Corte… y algo tuvieron que decir… Seis años después. Se tomaron su tiempo para no equivocarse en un caso tan delicado. Según denuncias de organismos de derechos humanos, hay 55 sentencias haciendo fila para su revisión.