Gerardo Millman y Patricia Bullrich fueron denunciados por contratar a 18 supuestos agentes de inteligencia que jamás prestaron funciones y cobraron sumas millonarias.
El fiscal federal Carlos Stornelli imputó al diputado nacional Gerardo Milman por haber recibido supuestas dádivas por parte de distintas empresas que brindaban servicios al Ministerio de Seguridad mientras él era Secretario de Gestión Federal de la Seguridad, bajo las órdenes de Patricia Bullrich, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Además, el diputado y la líder del PRO fueron denunciados por el Ministerio de Seguridad que encabeza Aníbal Fernández, acusados de realizar contrataciones dudosas durante el gobierno de Cambiemos.
La decisión fue tomada ayer por el juez federal Daniel Rafecas. La causa por dádivas se inició luego de que se descubriera que el diputado tenía en su poder un Peugeot 2008 Sport perteneciente a una empresa proveedora del Estado que recibió distintos contratos durante el gobierno anterior.
Lo cierto es que desde que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner pidió que se investigue su vinculación en el atentado contra su vida, Milman se puso en la mira. Junto con la ex ministra de Seguridad, ahora son investigados por haber contratado a 18 agentes de inteligencia que nunca ejercieron ningún trabajo pero cobraron por ello.
Ambos formaron parte del Ministerio de Seguridad durante el 2015 y el 2019, en el gobierno de Macri. Milman era el segundo al mando.
En la denuncia se explicita que los agentes no tenían ninguna experiencia y además son vecinos de localidades del Gran Buenos Aires. “En todos los casos se trataba de personas sin ninguna vinculación antecedente ni experiencia en inteligencia criminal, que ni siquiera conocían la dirección del Ministerio de Seguridad. Llamativamente, los supuestos agentes, en su gran mayoría, son vecinos de los municipios de 3 de Febrero y San Miguel”, indica el texto.
Los delitos son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública. Esa denuncia también recayó en el juez Daniel Rafecas.