La comisión escuchó a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y al exministro de Justicia de en el marco del proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos.
La comisión de juicio político escuchó a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al exministro de Justicia del macrismo, German Garavano, y a cinco periodistas en el marco del proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos.
Los testigos fueron consultados por el fallo que firmaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco el 3 de mayo de 2017, por el que se le rebajaba el cómputo de la pena a los genocidas. Es el escandaloso «2×1 a favor de represores». La comisión investiga si ese fallo fue negociado entre el gobierno de Mauricio Macri y la Corte.
En el marco de la audiencia y tras la pregunta de una diputada del FdT, Garavano y la oposición, envueltos en una confusión respecto al origen de una información sobre los contactos del exministro con Fabián Pepín Rodríguez Simón que se difundieron.
Estela Carlotto fue la primera en declarar este martes ante la comisión que preside la diputada Carolina Gaillard. Abrió la sesión pasadas las 13. La presidenta de Abuelas leyó un documento en el que sintetizó el recorrido de la institución que preside y los juicios de lesa humanidad y vinculó al macrismo con el fallo del 2×1, resolución judicial que comparó con las leyes de impunidad por el efecto que causó en las víctimas y sus familiares.
“Las cosas comenzaron a cambiar a fines de 2015”, dijo Estela y puso como punto de inflexión la designación por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que hizo Mauricio Macri. El entonces presidente tuvo que dar marcha atrás por la reacción política que provocó su decisión. Finalmente, Rosenkrantz y Rosatti fueron nombrados con el aval del Senado. No obstante, la titular de Abuelas remarcó que “ese vicio de origen de desprecio institucional, pese a la subsanación posterior, parece haber sido una marca indeleble que se fue reproduciendo en decisiones de la Corte buscando horadar el consagrado proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
Estela recordó que como paso previo al fallo Muiña (el 2×1), la Corte firmó el fallo Fontevecchia por el que se “determinó que no estaba obligada convencionalmente a acatar las sentencias contenciosas de la Corte Interamericana de DD.HH., contraviniendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino”. Lo definió como “un aviso de lo que iba a suceder después” ya que relativizaba las sentencias de la Corte Interamericana de DDHH.
Respecto al 2×1, Estela afirmó que fue un “intento de golpe a la lucha de las víctimas, familiares y organismos de Derechos Humanos”. Dijo que con esa decisión, la Corte le abrió “la puerta de la libertad a los genocidas”. También aseguró que “desnudó un profundo cinismo por parte de los magistrados, ya que el resultado que propugnaron lo adscribieron al retraso de la tramitación de las causas”. Al respecto, sentenció: “Fallaron favoreciendo indiscriminadamente y de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia”. En diálogo con El Destape Radio, Estela agregó: «Creo que Macri tuvo incidencia en el fallo del 2×1 a genocidas».
En el Congreso, Estela también se refirió a la lentitud en el avance de las causas de lesa humanidad que tienen sentencia pero no tienen confirmación de la Corte lo que les da firmeza. Puso como ejemplo la muerte de Carlos Blaquier a la que definió “como una expresión de la impunidad biológica amparada por la Corte y su pereza voluntaria”. Y destacó la inactividad de la a Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, conocida como Comisión Interpoderes. Convocar este espacio es responsabilidad de la presidencia de la Corte y desde el macrismo prácticamente no tuvo movimiento.
Al finalizar, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo dejó una reflexión para todos los diputados presentes: “No hay enemistad, hay diferencia. Las diferencias nos diferencian, no nos hacen enemigos”.
Tras leer el documento, Estela explicó que tiene 92 años y que no se sentía bien por lo que no iba a responder preguntas y que en todo caso, el abogado de la institución, Emanuel Lovelli, podría responder las inquietudes de los diputados. Finalmente, no hubo preguntas.
Luego fue el turno de Garavano. El exministro de Justicia de Macri dijo que le “produce profundo pesar y preocupación el desarrollo de este juicio político”. Garavano fue citado porque una de las líneas investigativas de la comisión sostiene que Highton de Nolasco votó a favor del 2×1 a cambio de que el Gobierno de Cambiemos, a través de los abogados del Estado, no apele el amparo que le permitía seguir en la Corte a pesar de superar el límite de los 75 años que establece la Constitución. Como la gestión macrista no se opuso, la cortesana pudo seguir en el cargo durante el macrismo. Garavano fue consultado por ese hecho. El exministro negó cualquier negociación con la suprema.
«Nunca hablé con Highton del caso Muiña ni casi de ningún caso», dijo Garavano. Y aseguró que tenía con un ella «trabajo en común vinculado a la reforma del sistema de justicia». También señaló que no mantenía con la entonces jueza suprema «una cotidianeidad de reuniones». Acto seguido, en defensa de la exministra de la Corte, dijo que observa «con preocupación el vapuleo de la doctora Highton que es una jueza de las mejores que ha tenido la Corte».
El martes 21 de marzo había declarado en la comisión Horacio Pedro Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación y ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia de la Nación al momento del 2×1. Durante su exposición ratificó que desistió de apelar el amparo que benefició a Highton para seguir en la Corte por orden del secretario de Justicia Santiago Otamendi, el 2 de Garavano, quien le ordenó desistir el recurso por nota. En esa nota se justificaba la solicitud “en aras de evitar un dispendio judicial”. Diez explicó que el criterio que está previsto en el ministerio que “los abogados del Estado tenemos la obligación de recurrir todo fallo adverso al Estado nacional”. Pero mencionó la existencia de un decreto que autoriza a las autoridades políticas a solicitar excepciones.