La vicepresidenta dijo que no será «candidata a nada» en 2023 y apunto directo a Magnetto: «mascota de usted, nunca, jamás».
Luego de recibir la sentencia a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para acceder a cargos públicos –la proscripción o la verdadera condena para alguien que siempre accedió a cargos por el voto popular, como dijo–, queda claro que a Cristina Fernandez de Kirchner se la podrá condenar pero nunca adoctrinar. «No voy a ser candidata a nada», anunció desde su despacho en el Senado, minutos después de que el juez Jorge Gorini terminara con la lectura del veredicto en la causa en la que se investigó un supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. «Mafia judicial, ésto es lo que hoy me condenó«, denunció CFK, en alusión a una filtración de chats entre jueces federales, el jefe de los fiscales porteños, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, un exSIDE y ejecutivos del principal grupo de medios del país que mostró la trastienda del corrompido sistema judicial en la Argentina. «Me van a poner presa, siempre y cuando algunos Caputos de la vida no financien a un grupo de marginales y me peguen un tiro. Eso es lo que quieren para mí: que esté presa o muerta».
Cristina Fernández escuchó el fallo desde el Congreso. Desde el 2 de diciembre de 2019, cuando fue indagada por el TOF 2 de Comodoro Py, siempre dijo que la condena ya estaba escrita. Horas antes, había calificado al tribunal como un pelotón de fusilamiento. El pedido de condena de doce años de prisión de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue hecho el 22 de agosto, cuando se cumplieron 50 años de otro fusilamiento que marcó la historia argentina: el de 16 presos políticos alojados en la base aeronaval de Trelew. Diez días después del pedido de los fiscales, a CFK intentaron asesinarla en la puerta de su casa.
El TOF la absolvió por la supuesta asociación ilícita por la que la había acusado la fiscalía y la condenó por administración fraudulenta. «¿A mí administración fraudulenta?», indagó la vicepresidenta, «Y los amarillos que nos endeudaron en 45 mil millones de dólares se pasean orondos en aviones de Clarín. No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted, (Héctor) Magnetto, porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros y les van a poder dar la orden a sus esbirros para que me metan presa. Pero mascota de usted, jamás«, disparó CFK.
Para CFK, la condena fue político y no judicial. «Lo raro es que la condena es por administración fraudulenta», dijo. Según recordó, ella y su defensa –encabezada por Carlos Beraldi– habían resaltado que ni tenía el control de las leyes –que está en manos de diputados y senadores– ni del presupuesto, que después de la reforma constitucional de 1994 es facultad del jefe de Gabinete. “Curiosamente los jefes de Gabinete solo declararon como testigos. Y esto no quiere decir que fueran culpables, porque a lo largo de todo el juicio se probó que ninguna de las mentiras que dijeron los fiscales Luciani y Mola eran ciertas”, subrayó.
La sentencia a la vicepresidenta –y principal dirigente política del país– tuvo lugar a pocos días de que una filtración desnudara las maniobras que urdió un grupo de magistrados federales y funcionarios porteños, invitados a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, para que no se conociera que les habían financiado el viaje, tal como revelaron los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser. «Quien pagaba el avión era el Grupo Clarín, es decir, Héctor Magnetto, a través de sus dos personeros, Jorge Rendo y Pablo Casey», detalló CFK.
«Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución. Es una condena que tiene su origen en un sistema que yo ingenuamente llamé lawfare; ahora he rescatado el concepto de Partido Judicial. Esto no es lawfare ni Partido Judicial: esto es un Estado paralelo y mafia«, dijo la expresidenta, recuperando un concepto que ya había usado la Comisión Bicameral de Inteligencia a la hora de describir el sistema de espionaje que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri. “La confirmación de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida y el patrimonio de los argentinos, lo tuvimos este fin de semana”, señaló la vicepresidenta.
«Así como antes había juntas militares, hay juntas que nos gobiernan y deciden por fuera de todos los estamentos», subrayó CFK. Más allá del reciente tour al sur por parte de un sector de los jueces federales, el juicio de Vialidad fue una muestra de los vínculos que se forjan más allá de los tribunales, más particularmente en el verde césped de la cancha de fútbol. Uno de los jueces, Rodríguez Giménez Uriburu, jugaba al fútbol en el equipo Liverpool junto con Luciani, parte acusadora en la causa. El arquero del conjunto es o era Mariano Llorens, el presidente de la Cámara Federal que reclamó tiempo atrás someter a CFK a juicio político para poder detenerla. Más de un partido del Liverpool se disputó en Los Abrojos, la quinta de Macri –principal impulsor de la causa, ya que se reabrió durante su gobierno a partir de una denuncia de su funcionario Javier Iguacel al asumir al frente de Vialidad Nacional–.