Los CDR son espacios locales de gestión ubicados en diferentes puntos del país, para acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales.
El Gobierno nacional continúa con el avance de su plan motosierra y ahora los recortes llegaron al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, con el cierre de los 59 Centros de Referencia (CDR) y el despido de 600 de sus trabajadores.
Fuentes del Gobierno informaron que se trata de «cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado» y con su cierre buscan garantizarse el ahorro de $5.000 millones anuales para colaborar con la reducción del déficit.
Qué son los Centros de Referencia
Los CDR son oficinas descentralizadas del ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy Secretaría dentro de lo que es el Ministerio de Capital Humano.
“Cuentan con equipos de profesionales y equipos administrativos que lo que hacen es llevar adelante todos los programas y toda la política propia del Ministerio de Desarrollo Social. Realizan desde situaciones que tienen que ver con abordajes familiares hasta todo lo que son los trámites de un montón de programas propios del Ministerio, como puede ser el monotributo social, la tarjeta Alimentar, reclamos frente al Potenciar, todo lo que también tiene que ver con talleres, capacitación”, relata Ingrid, una de las trabajadoras de los CDR.
No parece un hecho aislado. Mientras anuncian el cierre de los Potenciar Trabajo, o de programas como Mi Pieza o Mi Baño, también cierran los CDR, encargados de recibir consultas y gestionar sobre esas prestaciones. Lo mismo sucede con la tramitación de la medicación de alto costo para pacientes que no pueden cubrirla. Se maneja en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) y lo canalizan los CDR. Ahora cierran los Centros y desde el 10 de diciembre se cortó con la entrega de medicación.
Los 59 Centros se reparten en todo el país. Solo en la Provincia de Buenos Aires hay 25, Río Negro tiene 3, Santa Fe, Corrientes y Mendoza dos. “Los Centros son una forma de llegar de forma realmente federal a todo el país, por eso es que hay generalmente uno o más de uno en las distintas provincias del país. Sumado a eso, por otro lado, también se abordan muchas veces situaciones en el marco de emergencias, tanto climáticas como incendios, o aquellas que ameritan la intervención de equipos profesionales sociales y que incluyen ayudas económicas. Es una forma de estar descentralizado en cada una de las provincias con un abordaje realmente federal de la política social”, remarca Ingrid, parte también de ATE-Desarrollo Social.
Y acota: “Para nosotros siempre ha sido un emblema también de la defensa de la territorialidad, de la política pública. Entendemos que el Ministerio de Desarrollo Social, hoy en Capital Humano, debe tener un anclaje realmente territorial, integral, con una mirada integral de abordaje de las problemáticas sociales en los distintos territorios”.
La primera alarma cuando se les quitaron un elemento fundamental del trabajo en territorio: los vehículos. Los Centros de Referencia funciona en las principales ciudades, tener móviles se vuelve esencial para acercarse a situaciones que necesiten asistencia en el interior de cada jurisdicción. Capital Humano confirmó que se darán de baja 50 autos “eliminando así un gasto de más de 20 millones de pesos por año. También se darán de baja 42 celulares”.
“Sin el vehículo no se llega, y es una forma también de que el Estado esté presente, abordando, trabajamos con la población con mayor grado de vulnerabilidad social, especifica Ingrid. Se realizan talleres, se articula muchísimo con las organizaciones comunitarias, con las asociaciones civiles, territoriales, hay un montón de cuestiones que se hacen desde los centros de referencia, que la verdad decir que son una ‘caja de la política’ es realmente faltar al respeto a los trabajadores y trabajadoras que estamos todos los días poniendo en el cuerpo a las situaciones que nos tocan abordar tan críticas”.
El cierre de los 59 locales implica para el Estado un ahorro en el gasto público de $88 millones anuales en concepto de alquiler. Además, según se informó se darán de baja 50 autos y 42 celulares, lo que totalizan otros $20 millones por año.
El Gobierno justificó la medida de ajuste, al argumentar que los CDR «reciben muy pocas consultas por día» y solo actúan como un enlace hacia otro organismo estatal, sin resolver el trámite en su integridad. «Son la imagen más clara de la burocracia del Estado», indicaron y ejemplificaron con que en una de las oficinas en la que estaban registrados más de 50 empleados, solo estaban cubiertos menos de 20 puestos de trabajo en una auditoría del ministerio de Capital Humano.
Ahora, los trámites que se canalizaban a través de estas oficinas serán digitales. También habrá una línea (0800-222-3294) donde quienes lo necesiten puedan comunicarse y realizar sus trámites en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
El anuncio se suma al inminente cierre de la agencia de noticias estatal Télam, que amaneció vallada, luego de que el presidente Javier Milei anunciara su intención el pasado viernes en su discurso ante la Asamblea legislativa. La medida pone en riesgo en este caso el trabajo de más de 700 empleados.
Tanto la cablera de noticias, fotos, audios e infografías, que llega a buena parte de los medios del país, fue dada de baja, al igual que la página web del medio público. “Página en reconstrucción”, reza un texto con el escudo nacional.