Atentado a Cristina: Capuchetti elevó a juicio oral la causa por el intento de magnicidio

La querella de la Vicepresidenta había solicitado más medidas de prueba. Además pidieron indagar a Rossana Caputo por la contratación de Jonathan Morel.

Los presuntos coautores del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fueron enviados este lunes a juicio oral y público por la jueza federal María Eugenia Capuchetti que clausuró parcialmente la instrucción de investigación del atentado ocurrido el 1° de septiembre pasado, informaron fuentes judiciales.

La magistrada lo decidió incluso contra la opinión de la querella de la exmandataria Fernández de Kirchner, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes consideraron que «elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad«.

La jueza dispuso la elevación a juicio de la parte de la investigación que tiene como protagonistas a los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio, y a Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.

Capuchetti lo resolvió horas después de que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, avalara la elevación a juicio y antes de que Carlos Telledín, abogado de Uliarte, pudiera hacer cualquier presentación en el expediente que demorara su elevación a debate oral.

Telleldín, que estuvo preso y luego fue absuelto por el caso AMIA, se hizo cargo de la defensa de Uliarte el viernes último después de que su anterior abogado, el defensor oficial Gustavo Kollman, avalara la elevación del caso a juicio oral y público.

«En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado», sostuvo la jueza Capuchetti en la resolución a la que accedió Télam.

Al resolver la elevación a juicio de la causa, la jueza señaló que «la oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar», según surge de su resolución.

«La querella manifiesta que no luce desproporcionado el plazo de detención que vienen sufriendo los imputados, y que por lo tanto debería priorizarse la persecución de una eventual elevación total de la causa. Sin embargo, como las defensas de los tres encausados vienen señalando en sucesivas presentaciones, se impone un rápido avance a la siguiente etapa», planteó la jueza.

«Máxime ello, teniendo en cuenta que las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los tres procesados», agregó la magistrada.

En otro tramo de su resolución, la jueza expresó que «no resultan novedosas» las cuestiones planteadas por la acusación privada a la hora de oponerse a la elevación a juicio: la querella había reclamado que se avanzara con otras líneas investigativas antes de elevar la causa a juicio, como la «pista Milman» (por los dichos del diputado Gerardo Milman en un bar y el testimonio de su exsecretaria Ivana Bohdziewicz) y cualquier otra que pudiera apuntar a una posible autoría intelectual del ataque.

«Aun sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí, de forma tan enfática, se sostienen», replicó la jueza.

La jueza recordó en su resolución que la fiscalía, a cargo de Carlos Rivolo, había señalado en su dictamen que no se detectaron elementos en la investigación que conduzcan a corroborar que los atacantes pudieron haber recibido, por ejemplo, financiamiento.

«Al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante», había señalado Rivolo.

«Respecto a la financiación del ataque, resulta objetivo e incontrastable que la logística y la materialidad del acto en sí no requirió de una gran inversión de dinero u otros recursos (…) La planificación previa sobre el domicilio de la Vicepresidenta y sus movimientos fueron realizadas por ellos mismos en las inmediaciones del domicilio de la víctima, conforme lo acreditan las conversaciones ya analizadas», había opinado el fiscal, según recordó la jueza

Cuando se opusieron a que la causa fuera elevada a juicio oral y público, los abogados de la querella, Ubeira y Aldazabal, opinaron que «lo que tuvo lugar en estos últimos ocho meses fue más un encubrimiento que una investigación».

Y además remarcaron: «La consecuencia obvia es que hay diversas líneas de investigación pendientes».

«Si bien conocemos que Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo tuvieron parte en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, todavía nos falta, incluso, conocer detalles de sus roles y del marco en el que tuvo lugar su ataque», enfatizaron los abogados en su momento.

«Todavía no está para nada claro cuáles fueron las motivaciones de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel. ¿Aceptaremos sin más la teoría del loquito suelto?», se preguntaron los abogados.

«Tampoco sabemos por qué Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte tenían certificados falsos de discapacidad, que Carrizo se encargaba de tramitar. La falsificación es un delito por sí mismo, pero lo cierto es que puede haber tenido un rol en el plan criminal. Podría darse por sentado que el único objetivo de los certificados era viajar gratis en colectivo, pero parece una medida demasiado compleja para un fin tan estrecho», sostuvieron.

«Puede ser que el fin fuera no pagar el transporte público, pero también puede ser que fuese algo más: por ejemplo, al usar un carnet de discapacidad para subir a un transporte público no se apoya la tarjeta Sube, con lo que no se puede rastrear el trayecto que hizo la persona», hipotetizaron los abogados como una forma de resaltar que en el expediente aún hay incógnitas que no fueron develadas.

«Lo mismo sucede con los DNI en poder de Sabag Montiel y de Carrizo. Es sumamente extraño que ambos tuvieran en su poder documentos de personas cuyas edades coinciden con las de las dos personas que estuvieron la noche del 1° de septiembre en Juncal y Uruguay. Este es otro indicio de que el plan podría ser mucho más elaborado de lo que se suele sostener», escribieron.

Al elevar «parcialmente» a juicio la causa, la magistrada dispuso también extraer testimonio como había pedido el fiscal para seguir investigando las pistas que queden pendientes.

«Con todo lo mencionado en relación a la posibilidad de superar la etapa de instrucción en torno a las personas que se encuentran detenidas, mientras que se continúa profundizando, en paralelo, en relación a las líneas de investigación pendientes (o aquellas que pudieran surgir a sugerencia de cualquiera de las partes, o de terceras personas), habré de adoptar el temperamento sugerido por el MPF (ministerio público fiscal) en su dictamen (extracción de testimonios)», sostuvo la jueza.

Minutos después de la decisión de la magistrada, la Cámara Federal de Casación Penal llevó adelante el sorteo de rigor y resultó elegido el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, para llevar a cabo el debate.

Piden indagar a Rossana Caputo por la contratación de Jonathan Morel, líder de Revolución Federal

La querella que representa a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en las causas por el intento de magnicidio en su contra pidió la indagatoria de Rossana Caputo, la mujer que contrató al líder de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, Jonathan Morel, para la fabricación de muebles que “pueden haber sido la pantalla para financiar la violencia política”.

Los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal presentaron el viernes último el pedido al juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de la investigación sobre Revolución Federal que insólitamente discurre por separado del expediente por el intento de magnicidio. “Es necesario convocar a Rosana Caputo a prestar declaración indagatoria”. 

El escrito describe una serie de episodios concatenados y situados en una línea de tiempo que confluyen en el atentado contra la vicepresidenta y los argumentos preparados de antemano para explicar la relación de Caputo Hermanos con Morel y desvincular a éste del intento de magnicidio.  

“Hay tres posibilidades respecto de la contratación de Morel. Una es que no haya hecho los muebles, o parte de los muebles, y que todas las transferencias hayan tenido por objeto, simplemente, financiar a Revolución Federal. Otra es que el Grupo Caputo le haya sobrepagado los trabajos, para darle dinero para financiar a Revolución Federal. Otra es que los trabajos se hayan hecho, y que contratar a Morel haya sido una forma de ayudarlo a tener un sustento mientras organizaba Revolución Federal. Los muebles pueden haber sido la pantalla para entregarle dinero a Morel y, así, financiar la violencia política”.

El escrito, de unas 25 páginas, subraya que “la contratación de Jonathan Morel para la realización de la mueblería de Neuquén se dio en los meses en los que Revolución Federal comenzó a actuar públicamente y a practicar e incitar la violencia contra miembros del Frente de Todos”. Y precisa que  “el gran caudal de dinero por parte de Caputo Hermanos hacia la carpintería comenzó a ingresar en el mes de mayo”. Un informe de la procuraduría contra el lavado de activos (PROCELAC) muestra que varios de los pagos de Caputo Hermanos a Morel “coinciden con diferentes actos violentos de Revolución Federal”.

Mayo también fue el mes en el que Morel y Leonardo Sosa fundaron Revolución Federal: el 25 de mayo la agrupación tuvo su primera aparición pública. (…) Morel y sus socios recibieron varios millones el día antes. Sólo el 24 de mayo de 2022 se facturaron al fideicomiso Espacio Añelo, del Grupo Caputo, más de 2,4 millones de pesos”.

Los abogados de Cristina Kirchner resaltaron que entre los documentos hallados en los dispositivos electrónicos de Morel aparece uno que contiene una suerte de argumentación sobre su relación comercial, desde su pequeña carpintería creada a partir de un tutorial de YouTube, con una poderosa empresa del rubro de la construcción como Caputo Hermanos.  

“Más allá de su potencial prolijidad, es muy extraña la presencia de un documento en que relata cómo ‘el investigado consiguió realizar el trabajo para el fideicomiso Espacio Añelo’. ¿Por qué Morel tendría preparada una explicación relativa al motivo para realizar un trabajo? Es bastante evidente que Morel sabía que su labor era injustificable”.

Algo similar ocurrió con Rossana Caputo. “Es inaudito que tenga fotos de Morel en Santa Clara al Sur (el country para el que habría realizado los primeros muebles en su ignota carpintería): tal como la explicación de Morel de cómo consiguió el trabajo que hay entre sus archivos, estas fotos parecen dar cuenta de que Caputo sabía que, eventualmente, tendría que dar explicaciones. Es que nadie le saca fotos a quien va a poner muebles a su casa. Como mucho, se le sacan fotos a los muebles instalados)”.

Otra situación sobre la que puso la lupa la querella de la vicepresidenta se relaciona con Francisco Javier Aris, un carpintero real que aparece registrado en el rubro “instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística (incluye instalación de puertas y ventanas, carpintería metálica y no metálica). 

“Nos parece especialmente perturbadora la declaración de Aris, quien dijo que Morel lo contactaba por trabajos para Espacio Añelo pero que, desde el 30 de agosto de 2022, no le habló más. Esto, aun cuando Morel lo había contactado por otro trabajo. Esto es un indicio muy fuerte de que toda la estructura de pagos y contrataciones tenía que ver con Revolución Federal. Empezó cuando surgió Revolución Federal, y se esfumó cuando se desarmó la organización, tras el atentado fallido a la Vicepresidenta”. 

En ese mismo contexto, el escrito subraya el rol de María Isabel Said, “quien no tenía ningún antecedente en carpintería y cuyo domicilio, como indicó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no tiene características propias a la de un local comercial y, además, no posee cartelería a la vista. (…) Es descabellado pensar que el Grupo Caputo S.A. acordó, sin problema, pagarle $3.450.393 a una persona sin antecedentes en mueblería, que estaría jubilada, y que no tiene siquiera un local comercial”.

Hay más. “Said facturó en julio por 3,5 millones de pesos, pero solo recibió acreditaciones bancarias en agosto por 350 mil pesos: es decir, diez veces menos de lo facturado” o, dicho de otra manera, un diez por ciento. ¿Una comisión?, ¿una gratificación por un servicio de pantalla?

“Lo que se desprende es que más de tres millones de pesos fueron pagados en efectivo. Que el dinero haya sido dado en efectivo hace mucho más difícil rastrearlo. Además, si Morel era el intermediario, lo más probable es que el dinero se lo hayan dado a él. Tener dinero no bancarizado permite realizar compras sin que quede registro. Es sumamente extraño que una empresa de la magnitud del Grupo Caputo se maneje con dinero no bancarizado”.